El Parlamento declaró nula la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, tras no ser presentado ante esta instancia sino ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional acordó por votación unánime declarar nula e ilegal la ley de presupuesto de la Nación de 2018.
En el acuerdo aprobado en la sesión plenaria del jueves afirmó «que todo presupuesto formulado en contravención de las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público no presentado y aprobado por la Asamblea Nacional es nulo».
El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, presentó el proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin ofrecer más detalles que el monto del gasto acordado para el próximo ejercicio fiscal de 36 billones de bolívares. Tampoco se informaron las premisas macroeconómicas en las cuales se basa el proyecto como la tasa de inflación, el precio promedio del barril de petróleo y la tasa de cambio.
En ese sentido, el parlamento señaló que cualquier crédito adicional o «toda erogación con cargo en presupuesto inexistente y que viole la Constitución acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado e individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones».
Igualmente reiteró que cualquier operación de crédito público realizada sin el consentimiento del parlamento venezolano será nula o no reconocida, «lo que incluye cualquier operación de endeudamiento».
La diputada María Beatriz Martínez afirmó que desde 2016 el gobierno «pretende evadir el control de esta AN sobre el manejo de fondos públicos y hoy, las irregularidades han llevado al país a la crisis. Todos estos perjuicios al pueblo serán castigados».
Recordó que la Constitución establece que la aprobación del proyecto de ley de presupuesto es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. «Los que lo ejecuten tendrán responsabilidad personalísima en la violación constitucional».
El presupuesto de la Nación de 2017 tampoco fue presentado por el Ejecutivo ante la AN, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la justificación de que el parlamento venezolano de mayoría opositora se encuentra en desacato.
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