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Citgo logra 3 meses de taima contra acreedores, ¿está en riesgo de perderse?

Nueva prórroga de OFAC para la entrada en vigencia de una licencia que permite a los acreedores de Pdvsa ejecutar el embargo sobre Citgo dura solo tres meses. Expertos ven riesgo claro de que Venezuela pierda la mayor joya de su corona.

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Citgo e riesgo claro de perderse

Citgo Petroleum, la filial refinadora de PDVSA en Estados Unidos, logró un corto período de protección ejecutiva de tan solo tres meses por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante una licencia que en la práctica evita que los acreedores del bono 2020 logren embargarla para cobrar su plata.

La OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, emitió este martes 17 de enero una nueva prórroga de la licencia número 5J, que antes había durado un año.

Estos tres meses le meten suspenso a la engorrosa situación de la valiosa Citgo, el principal activo venezolano en el exterior y la única empresa propiedad del Estado venezolano que todavía funciona bien y arroja dividendos.

«Sin duda (hay riesgo mayor de que se pierda Citgo). De haberse mantenido la muralla de la presidencia encargada, el riesgo crecía día a día, pues esa muralla cada vez estaba más frágil. Ahora ya no, ni siquiera (está) la muralla en ruinas», dice para este análisis el abogado José Ignacio Hernández, uno de los principales expertos en este tema, pues hasta 2020 estuvo a cargo de la defensa de los activos venezolanos en el exterior.

«Por peleas internas, la oposición está ahora en una posición de mayor fragilidad legal para proteger los activos externos, mientras que Maduro se beneficia de toda la incertidumbre. Mientras miles de millones en activos están en el limbo, los maestros protestan por un ingreso digno», agrega Hernández en breves comentarios a El Estímulo.

«Desde el punto de vista jurídico, a pesar de todos los errores, todavía la Asamblea Nacional de 2015 podría preservar algunos espacios de representación y así mejorar su posición en una negociación. Pero no hay claridad en la estrategia legal que sigue esa AN 2015».

José Ignacio Hernández, abogado

Sobre el servicio de esa deuda, Hernández coincide en que la oposición no tiene plata para pagar y salvar a Citgo. Tampoco tiene una estrategia, ni un plan.

«Maduro sí podría (pagar), pero a costa del mayor sufrimiento de los venezolanos», dice.

¿Qué autoriza la Licencia General 5J relacionada con Venezuela?

En la práctica, después del 20 de abril tendría que haber una negociación clara entre la representación de Venezuela, cualquiera que sea, y los acreedores del bono 2020, para renegociar o refinanciar esa deuda y evitar el embargo de Citgo.

El propio Departamento del Tesoro en su sección de preguntas frecuentes en su portal en Internet lo explica así:

El Presidente de EEUU emitió la Orden Ejecutiva 13835 el 21 de mayo de 2018. Claramente prohíbe a las personas estadounidenses participar en transacciones relacionadas con la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela (GOV) de cualquier participación en el capital de una entidad que sea propiedad de ese gobierno en un 50% o más.

«Uno de los efectos es que se requiere autorización antes de que las personas estadounidenses puedan participar en ciertas transacciones relacionadas con cualquier participación en el capital de una entidad que pertenezca en un 50% o más al GOV».

Después de la emisión de la Orden Ejecutiva 13835, la OFAC recibió consultas sobre cómo esa necesaria autorización podría afectar los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de CITGO, que sirven como garantía para el bono del 8,5% 2020 de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Entonces la OFAC emitió la Licencia General (LG) 5 el 19 de julio de 2018, que eliminó el obstáculo de la Orden Ejecutiva «para que los tenedores del bono del 8,5 por ciento de PDVSA 2020 tuvieran acceso a su garantía».

Después la Licencia General 5 fue reemplazada y sustituida por la Licencia General 5A el 24 de octubre de 2019 con un retraso en la entrada en efecto de la autorización en la licencia general.

Desde esa fecha, la OFAC ha prorrogado varias veces la entrada en vigencia de esa licencia.

Ahora, este 17 de enero la OFAC emite la Licencia General 5J, «que retrasa aún más la efectividad de esta autorización hasta el 20 de abril de 2023».

Entre el 24 de octubre de 2019 y el 20 de abril de 2023, no hay ninguna autorización aplicable a los tenedores del bono PDVSA 2020.

«Como resultado, durante dicho período, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO en relación con el bono del 8,5 por ciento de PDVSA 2020 están prohibidas, salvo autorización específica de la OFAC».

En la medida en que se llegue a un acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020, «podrán aplicarse requisitos adicionales de autorización. OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencias favorable hacia tal acuerdo», aclara.

Esto significa que la OFAC colaboraría en hacer viable una salida negociada a este conflicto financiero entre Venezuela y sus acredores.

De donde nació esta amenaza sobre Citgo

La prórroga de protección a Citgo casi coincide con el tiempo de espera para la reanudación de un juicio pendiente en una corte de apelaciones de Nueva York.

Los compradores de los bonos 2020 esperan una sentencia que obligue a la justicia de Estados Unidos a hacer valer la garantía por ese bono emitido de manera ilegal por el régimen de Nicolás Maduro, sin autorización del poder legislativo.

El largo caso de los bonos 2020 es explicado en este artículo por el economista y experto en temas petroleros José Toro Hardy.

A finales del año 2016 Pdvsa venía ya incumpliendo con pagos a sus proveedores y contratistas pero, el principal problema eran dos emisiones de bonos que vencían una en abril y otra en noviembre de 2017. La empresa propuso entonces a sus acreedores canjear bonos de esas emisiones por $7.100 millones por otros que vencerían en el 2020.

«Finalmente Pdvsa se conformó con canjear bonos por un valor de 2.799 millones de dólares que vencían en el 2017 entregando a cambio otros que vencerían en el 2020 pero con un valor de 3.367 millones, perdiendo la diferencia. Además de ello ofreció un interés tan elevado que sólo se ve en los llamados “bonos basura”. Como consecuencia de todo lo anterior, la tasa interna de retorno para quienes aceptasen el canje alcanzaría a un insólito 19,8% en dólares», explica Toro Hardy en El Estímulo.

«Y en vista de que ni aún así los mercados tenían confianza, procedieron a ofrecer la mayor de las barbaridades: un colateral que garantizase el pago consistente en el 50,1% de las acciones de Citgo, o sea, el control de la empresa», recuerda.

La Asamblea Nacional (parlamento) electo de 2015 se opuso a esa operación, pero el gobierno -que ya le había venido dando un lento y sostenido fujimorazo- no la escuchó, pese a que la Constitución Nacional obliga a que todas las operaciones de deuda pública sean aprobadas por el poder legislativo.

A finales de 2017 el gobierno de Maduro dejó de pagar intereses y capital de la deuda pública venezolana. Solo en bonos de deuda de la República y de Pdvsa circulan hoy en el mercado papeles impagos por unos $65.000 millones, según cuentas de economistas.

Entre esos papeles están los que vencieron en el 2020, que tenían como garantía el control de Citgo.

Con las sanciones que arreciaron en 2018 por parte del gobierno de EEUU contra el régimen chavista de Maduro al que acusa de atentados a la democracia y a los derechos humanos (especialmente tras la sangrienta represión a opositores durante los cinco meses de protestas callejeras en el país) el Departamento del Tesoro comenzó a bloquear transacciones financieras con la República de Venezuela y con Pdvsa.

En la práctica eso impide renegociar la cuantiosa deuda externa morosa de Venezuela, una de las más altas de América Latina.

Entre las excepciones a esas restricciones, la OFAC emitió esa Licencia General número 5, que en la práctica permitía a los tenedores de los bonos 2020 embargar a la empeñada Citgo para cobrarse su dinero.

Entonces llegó el famoso «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional recibió el apoyo de casi 60 países, democracias de corte occidental.

Con ese reconocimiento internacional, encabezado por el gobierno de Donald Trump, el equipo de Guaidó solicitó que se revocara esa Licencia General número 5 de la OFAC. Aunque no logró ese propósito, sí consiguió desde agosto de 2019, sucesivas prórrogas, como la de este martes 17 de enero de 2022, la más corta de todas.

Expertos explican

El doctor en Derecho y profesor universitario José Ignacio Hernández fue en su momento designado como Procurador de Venezuela ante instancias internacionales, reportando al gobierno interino de Guaidó.

Como «Procurador Especial de Venezuela» estuvo a cargo de la coordinación internacional de decenas de litigios en Estados Unidos y el Reino Unido, especialmente en materia de deuda pública, dice su currículo.

Fue quien logró sustanciar los casos que permitieron resguardar estos activos. Eventualmente salió de las filas de la oposición y hoy desde Estados Unidos, donde es catedrático en Boston, suele repetir los llamados de alerta por e riesgo claro de que Venezuela pierda Citgo.

«Esa licencia implica diferir por tres meses la autorización que permite tomar control de Citgo como colateral de los
Bonos 2020. Pero el cumplimiento de esos bonos está suspendido por orden de la corte. La primera protección es el juicio; la segunda protección es la suspensión de la licencia hasta abril», explica Hernández.

Opina que la corta prórroga se debe a la incertidumbre sobre qué va a pasar con el juicio.

«Ahora que no hay presidente encargado, ni embajador, ni procurador, el gran problema es que no hay claridad sobre quién representa a PDVSA en el juicio ante la corte de apelaciones de Nueva York. Y PDVSA debe actuar en marzo», agrega.

«Por peleas internas, la oposición está ahora en una posición de mayor fragilidad legal para proteger los activos externos, mientras que Maduro se beneficia de toda la incertidumbre, mientras miles de millones en activos están en el limbo, los maestros protestan por un ingreso digno», observa.

El economista y experto en deuda venezolana Francisco Rodríguez, profesor de la Escuela Korbel de Estudios Internacionales en la Universidad de Denver, agrega detalles.

«Yo lo veo más como una señal que está mandando EEUU a la oposición para transmitir el mensaje de que la protección no es indefinida y que lo que tiene más sentido es que busquen un acuerdo», dice sobre el corto plazo de la protección.

«Otra complicación es que la AN 2015 aún no ha obtenido la certificación del Departamento de Estado para manejar fondos externos. Sin eso no está claro que pueden representar legalmente a la República», agrega a El Estímulo.

A comienzos de enero Juan Guaidó fue derribado de la presidencia interina por sus antiguos aliados de los partidos de la oposición. Según otros analistas políticos, este oscuro proceso además dejó en evidencia hasta qué grado llegaron las encarnizadas luchas internas entre la propia oposición mientras el chavismo y Maduro se fortalecen en su control del poder.

Volviendo a los bonos 2020 y la búsqueda de una salida, Rodríguez por su parte coincide en que con el reciente reporte de aumento de ganancias por parte de Citgo sí se hace más fácil una negociación.

«En realidad, las acreencias que amenazan directamente a la propiedad de Venezuela sobre Citgo son tres: los bonos PDVSA 2020; Crystallex y el dictamen de Conoco en la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés). Suman aproximadamente $4.000 millones. Es factible negociar en un acuerdo de pago. Eso es lo que debían haber hecho desde el principio», agrega Rodríguez.

Otros analistas señalan que sobre Venezuela pesan muchas demandas de acreedores que cobran indemnizaciones por confiscaciones de activos (mal llamadas expropiaciones), facturas de deuda comercial no pagadas por Pdvsa, además de deuda financiera impaga de otras empresas públicas y la República.

Pero muy pocas de esas demandas generan un derecho directo sobre Citgo, aclara al respecto Rodríguez.

«Para embargar Citgo tienes que probar alter ego, como hizo Crystallex, que no es fácil – y en todo caso toma años. O tienes que tener una obligación de la Ley estadounidense de PDVSA. Llevar esto a una corte y convertirlo en una orden de embargo es costoso; la mayoría de los tenedores de bonos no lo han intentado ni piensan hacerlo. Por tanto las obligaciones relevantes para evitar la pérdida de Citgo en el corto plazo son las tres que mencioné», señala.

La minera canadiense Crystallex, que reclama $1.386 millones en indemnizaciones de sus activos ordenados por Hugo Chávez en 2008, argumentó en tribunales que Citgo y la estatal Pdvsa son la misma cosa desde el punto de vista legal, es decir que la compañía es un «alter ego».


«En el mediano plazo, algunos de los otros acreedores podrían avanzar, y por supuesto que lo ideal es que antes que se llegue ahí se entable una negociación de restructuración global de la deuda, lo que solo ocurriría si hay un acuerdo político que lleve a la renormalización del acceso a los mercados financieros internacionales», observa Rodríguez.

Acuerdo por cierto que luce hoy mismo más distante y difícil en las circunstancias políticas y económicas de Venezuela.

El régimen de Maduro recalca que hasta tanto no desbloqueen activos intrernacionales de Venezuela no está dispuesto a regresar a la mesa de negociaciones en México, con la oposición.

Por su parte, Estados Unidos insiste en que hasta tanto haya avances en esas negociaciones por la redemocratización de Venezuela, no aligerará las sanciones que impiden entre otras cosas renegociar deudas como las de Citgo.

De hecho, los propios acreedores estadounidenses y los mercados financieros globales, son parte interesada en este nudo, pues nadie cobra su dinero, nadie avanza, y las condiciones económicas del venezolano común empeoran cada día bajo un gobierno que está quebrado, pese a que la propaganda chavista se empeña en decir que «Venezuela se arregló».

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