Decisión del TSJ aleja inversiones nacionales y extranjeras

“Sin ningún tipo de control, de contrapeso de ninguna naturaleza, y que no haya poder público que lo controle», es prácticamente investir al presidente de una condición de monarca absoluto, dijo Sosa Izaguirre.

«El Tribunal Supremo de Justicia le otorga un tipo de habilitación o patente de corso a fin de ejercer lo que constitucionalmente no le está permitido”, expresó.

“La sentencia en cuestión constituye un verdadero adefesio jurídico porque el TSJ no puede, y menos la Sala Constitucional, dar una interpretación distinta a la Constitución en el sentido de extender la competencia exclusiva de ambas instancias a actividades que no le son compatibles”.

Dijo que la inmunidad parlamentaria es una garantía universal del ejercicio del control constitucional y administrativo que tiene la AN como competencia exclusiva del órgano Ejecutivo, por lo que consideró como contraproducente que el TSJ se erija en un ente para-constituyente que pretenda incluso hasta modificar la Constitución Nacional.

“No hay jurisprudencia, no sólo en Venezuela, sino en países democráticos que permita una interferencia de tal naturaleza en ejercicio de control y supervisión de la constitucionalidad de interferir y usurpar funciones”.

– Efectos perniciosos –

Sosa Izaguirre, que preside la Alianza Legal para la Defensa de los derechos socioeconómicos del sector privado nacional (Alegan), argumentó que esta sentencia tiene una repercusión en todos los aspectos de la vida nacional. En lo económico genera mayor incertidumbre, lo que es unas mala señal para las inversiones en el país.

Recordó que el sector privado ha soportado una arremetida de intervenciones, confiscaciones, expoliaciones y destrucción de más de 82% del aparato productivo nacional, desde hace más de 15 años.

“Esto va a agravar la intervención en la economía porque está sustentada en un perfil ideológico marxista que genera mayor desconfianza y en consecuencia las inversiones nacionales y extranjeras seguirán alejándose”.

De igual manera refirió que la estatización, como ha sido vista en el país, avanzará tal como lo define el Plan de la Patria. “Inclusive en el sentido de otorgar, dentro de las delegaciones que hace el Presidente de la República, la capacidad expropiatoria al Vicepresidente de la República”.

Sosa Izaguirre indicó que este mecanismo debe encender las alarmas a nivel nacional e internacional, porque a su parecer ello constituye una destrucción “sistemática del aparato productivo nacional, mediante mecanismos que no está facultado el Presidente de la República para ejercer”.

Dijo que el jefe de Estado, gobernadores y alcaldes no pueden efectuar expropiaciones, pero si están en capacidad de solicitarlas. Añadió que el artículo 115 de la Constitución Nacional establece que sólo por causa de utilidad pública, mediante sentencia definitivamente firme y pago previo de indemnización, podrán expropiarse los bienes.

“Es al poder judicial, en definitiva, a quien le corresponde expropiar, probando la utilidad pública y social e indemnizando antes de ordenar la ocupación de los bienes, pero aquí sucede al revés”, acotó el también ex presidente de la Cámara de Comercio de Valencia.