La ONG Transparencia Venezuela, una asociación que se dedica a promover procedimientos, condiciones, y factores para prevenir y disminuir la corrupción, presentó este jueves 31 de mayo el Informe Anual de Corrupción 2017
El documento recoge los diez casos de corrupción más emblemáticos dentro de la administración pública venezolana donde figuran varias empresas estatales como Pdvsa, Petrozamora, Bariven, Cencoex, el Saime, el Ministerio Público e incluso la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el último Índice de Percepción de Corrupción que emite la ONG Transparencia Internacional, Venezuela se ubicó en el puesto 169 de los 180 países dentro de la categoría “muy corrupto” que conforman la lista.
Contrataciones ilícitas, evasión de procesos licitatorios, asociación para delinquir, sobornos, y legitimación de capitales son algunos de los tantos delitos que cometieron dueños de empresas relacionadas con materiales para la refinería del crudo, energía y gas, entre otros. La mayoría de los entramados de corrupción estarían relacionados con empresas transnacionales.
El 10 de julio de 2017, el Ministerio Público (MP) imputó a Orlando Enrique Chacón Castillo, quien fue el ex presidente de la Contraloría General de la República (CRP) y ex director interno de la estatal petrolera, Pdvsa por “la presunta adquisición irregular de dos vehículos con sobreprecio durante su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa”.
Según el informe del MP, los vehículos adquiridos transgredían la Ley de Contrataciones Públicas por no haberse efectuado un concurso público, y establecerse en las condiciones de contratación una marca específica de vehículo y el pago de los mismo en moneda extranjera.
La pesquisa realizada por el MP arrojó que el sobreprecio de los carros fue de 51,03%, ya que el monto de la facture de cada contrato en moneda nacional era equivalente a Bs 166.392.101,5, mientras que el costo en el mercado de dichos vehículos era de Bs 84.918.887,50.
Posteriormente, el Ministerio Público imputó a Chacón Castillo bajo los delitos de peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios y asociación para delinquir.
En el año 2012, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Pedro León, las máximas autoridades de Petróleos de Venezuela, acordaron la procura de dos Monoboyas marca Blue Water, así como la desinstalación, instalación y capacitación técnica de las mismas por un monto de setenta y seis millones de dólares con el objeto de “incrementar la capacidad y seguridad en la carga del crudo”.
Las monoboyas Este y Oeste del complejo José Antonio Anzoategui TAECJAA, presentaban condiciones inseguras de funcionamiento para esa fecha; una situación que representaba “un serio problema de hundimiento de los equipos”, señala el informe de la ONG.
En ese momento, León Rodríguez, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y Jesús Osorio Virgüez, gerente general del TAECJAA, suscribieron la contratación directa del suministro, reemplazo y la puesta en funcionamiento de dos monoboyas marca Blue Water.
En agosto de ese año, el subcomité de Operaciones de la FPO aprobó la adjudicación directa de USD 49.970.000,00 aunado al monto de la capacitación técnica a la empresa BlueWater Energy Services, una trasnacional holandesa que fabrica monoboyas.
Posteriormente, la empresa neerlandesa subcontrató a la Consultoría de Ingeniería y Proyecto NF, C.A. Ingeproyec NyF, a cargo de Jaime Camargo para la instalación de la monoboya y 11 brazos de carga marina.
El 29 de diciembre de 2017, Tareck William Saab declaró que “se suscribieron contratos irregulares” desde la oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa con sede en Viena, capital de Austria, en los que presuntamente Rafael Ramírez se encuentra involucrado.
Los contratos generaron pérdidas de al menos 4,8 millardos de dólares. El Fiscal general declaró que “en el año 2009 la empresa estatal suscribió contratos de servicios con la empresa JBC Energy, que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional.
La Constructora Urbano Fermín, C.A,resultó beneficiada con 14 contratos de Pdvsa desde el año 2010 hasta el 2016; cinco de ellos con Petrocedeño, una filial de la empresa petrolera estatal venezolana.
El 19 de septiembre de 2017, Carlos Esteban Urbano Fermín, gerente general de CUFERCA, fue aprehendido y puesto a la orden de los tribunales por cuatro “presuntos delitos” según el Fiscal General de la república, Tareck William Saab.
El 22 de septiembre de ese año, a través de una conferencia de prensa, Saab anunció que los implicados en el caso Cuferca serían imputados por los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con contratista.
El fiscal informó que Urbano y sus dos hermanos (Carlos Eduardo Urbano y Carlos Enrique Urbano) constituyeron 12 empresa en tan solo ocho años. Asimismo, agregó que los ciudadanos adquirieron tres casas de lujo en los canales de Puerto La Cruz, la finca La Urbanera,la finca La Panchita, un apartamento, una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias.
En el informe se resalta que durante la inspección a la constructora se observaron equipos inoperativos así como varias quejas por parte de los trabajadores quienes mencionaron la vinculación directa de Cuferca con Jhonnathan Marín, alcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui.
Manuel “Coco” Sosa, un actor de telenovelas venezolanas y quien fue novio de María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, fue condenado a cuatro años de arresto domiciliario por inquirir en delitos de corrupción en la empresa mixta Petropiar.
El caso de la empresa Suministros Gramal, presidida por Sosa, está en la lista principal de los casos de adquisición de bienes y prestación de servicios con sobreprecio, evasión de leyes, normas y procedimientos de contrataciones públicas, incluido el Manual de Normas y Procedimientos de Pdvsa y sus filiales, señala el informe de la ONG Transparencia Venezuela.
El Ministerio Público presentó un documento a mediados del 2017 donde se evidencia que Petropiar adquirió de Suministros Gramal en el 2016, dos impresoras HP Color Laserjet a un costo de USD 321.888,88; cada una con un precio individual de 156.444,44 USD, aunque se presume que los equipos adquiridos son diferentes a los solicitados inicialmente.
Petropiar recibió las impresoras con un sobreprecio de hasta más de trescientos mil dólares, monto con el que se podría adquirir más de 80 impresoras con características parecidas.
El MP señaló que no existen registros físicos ni digitales de esas contrataciones. Asimismo, los fiscales del ministerio público obtuvieron información de la gerencia de finanzas de Petropiar, donde se refleja que a Suministros Gramal se le pagó, la cantidad de Bs 26.253.405,00 y USD 13.044.499,51, en contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016.
A mediados del año 2017, el Ministerio Público presentó un informe donde se observan irregularidades en el contrato que tiene por objeto el “Mantenimiento especializado a sistema de compresión 46-ME-001 A/B/C Pdvsa Petropiar Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui”, del año 2015 por un monto de USD 6.394.290,59 y un plazo de ejecución de un año, suscrito con la empresa Wespro Spare the Oil Industry Corp, presidida por Oval Moreno.
El documento del MP señala que la empresa tenía calidad financiera para ejecutar contratos con el Estado venezolano por montos de 400 y 500 Unidades Tributarias, equivalentes a Bs 600.000 y Bs 750.000, un precio notablemente inferior al de las contrataciones.
Francisco Javier Velásquez, gerente del mejorador de crudo de la empresa mixta, fue acusado por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procesos licitatorios y asociación.
Para la fecha, Velásquez se encuentra recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Barcelona, estado Anzoátegui.
La constructora Conkor C.A., ubicada al oeste del país en el estado Anzoátegui, fue “beneficiada” con más de 50 contrataciones con Pdvsa durante la gestión de Pedro León Rodríguez como presidente de la FPO, algunos por montos que sobrepasaban el millardo de dólares, así lo evidenció un reporte del Ministerio Público que saltó a la luz en julio de 2017.
Alejandro Josue Ruíz Mazzeo, presidente de la constructora, y Elías Ramón Koury Guevara, vicepresidente de la misma, fueron imputados por el MP por estar «presuntamente vinculados» con irregularidades registradas con Pdvsa y otras empresas mixtas en el estado Anzoátegui.
Según la periodista Maibort Petit, Tareck William Saab, quien fue exgobernador del estado oriental, supuestamente estaría vinculado con la constructora Conkor por otorgar entre 2005 y 2012 contrataciones a través de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea).
Posteriormente, se conoció que Conkor no finalizó los trabajos de rehabilitación en la vía Zaraza del estado Guárico, reseñó la periodista Zuly Pérez.
El 23 de marzo de 2017, Marco Antonio Malavé, exgerente de Comercio Internacional de Pdvsa, fue privado de libertad por estar presuntamente vinculado con irregularidades en las contrataciones para el suministro de combustible. Funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de Pdvsa, denunciaron que Malavé incurrió en una serie de irregularidades en el protocolo de contrataciones de empresas con buques para el suministro del hidrocarburo al mercado venezolano. Esta situación afectó de manera directa la distribución de combustible en 7 estados del país.
El 2 de noviembre del año pasado, William Saab informó que fue detenido Francisco Antonio Jimenez, presidente de Bariven S.A una empresa filial de Pdvsa por “presuntos hechos de corrupción».
Saab afirmó que desde enero hasta septiembre de 2017, en Bariven se produjeron 1.317 alertas por sobreprecios en bolívares y 76 en dólares, que oscilan entre 100 y 98.000 % por encima de su valor real.
“Los montos superan los 10 mil millones bolívares y 119 millones de dólares en contratos con empresas, las cuales muchas ni siquiera califican porque no tienen registro fiscal: son las llamadas empresas de monedero o de koala”, expresó el fiscal.
Señaló que los imputados se encuentran recluidos en la sede de la Dgcim por asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.
Afirmó que en la empresa se ha utilizado, de forma indiscriminada, la figura de la adjudicación directa, que alcanza 12 % de las procuras. “Esto ha generado enormes daños económicos al país y una grave afectación de las operaciones de la industria”.
Entre septiembre y octubre de 2017, el Ministerio Público (MP) reportó 14 casos de “presuntos delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El reporte del MP indica que se realizaron las investigaciones hacia 13 empresas del sector privado y una investigación hacia el analista de Cencoex, Carlos Eduardo Rivas Torres de 21 años de edad, por presuntamente modificar los datos de las personas bloqueadas para solicitar divisas a través de la plataforma digital.
Nueve de las 13 empresas investigadas estarían relacionadas con la importación y/ simulación de importación de productos químicos y materia prima.
La Corporación Bates Hill C.A, propiedad de Juan Miguel Lozano Espinoza y Andrés Daniel Lozano Espinoza, recibió 17, 2 millones de dólares desde 2005 hasta 2014 para la adquisición de químicos necesarios para la elaboración de placas funerarias y descomponer materiales ferrosos. Los hermanos Lozano obtuvieron 15, 6 millones de dólares a través de la modalidad “Empresas Productivas”, desde el 2011 hasta el año 2014.
Magma Mineral Group INC,– propiedad de Walter Eduardo Jaramillo Rivas, investigada por la presunta adquisición de 8,94 millones de dólares a precio “preferencial” entre 2008 y 2011;
Azucarera Río Turbio C.A – propiedad de Gabriela Peña Riera y María Margarita Sila de Muñoz, bajo investigación por la presunta adquisición irregular de divisas para la compra de materia prima con sobreprecio. La empresa recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017;
Central La Pastora C.A bajo investigación por la presunta sobrefacturación de 230% en importaciones de azúcar cruda. La empresa recibió 1.3 millones de dólares.
Importadora SIDELES C.A, propiedad de Belkys Josefina Hurtado Reyes, investigada por simulación de importación. La empresa recibió 12.3 millones de USD entre 2012 y 2013.
Importaciones MYA, cuyos dueños son Alexa Gómez de Ardila y Carmen Montero, por presunta sobrefacturación para la importación del lactato de calcio.
BIONADICA C,A. Propiedad de Esbeir Ghali Doumat. La empresa recibió 11,2 millones de USD. Bajo investigación por la presunta sobrefacturación en más de 19.000% para la importación de Dióxido Titánico.]]>
Los acreedores de la deuda de bonos Pdvsa están molestos. El precio de los bonos cayó aún más después que un tribunal en Estados Unidos señaló como relevante el argumento de que la deuda del chavismo no es válida porque no fue aprobada por la AN en el año 2016
La producción de petróleo de Venezuela sigue muy lejos de lo que fue su tradición durante un siglo. Hoy no llega a los 800.000 barriles por día (bpd), según último reporte de la OPEP.
La OFAC prorroga por otros tres meses medida que en la práctica le da una botella de oxígeno a Citgo, filial de Pdvsa acosada por acreedores de Venezuela, pues el gobierno de Maduro hipotecó la empresa al poner la mitad de sus acciones como garantía de esos papeles de deuda externa por $3.300 millones emitidos en 2016.
