Völker Türk también tiene una lista de cosas que deben pasar en Venezuela. Y aunque en su informe de actualización presentado hoy lunes 16 de marzo, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos trató de concentrar la suya en 5 puntos partiendo de la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria, la verdad es que son unos cuantos más.
En la sesión 61 del Consejo de Derechos Humanos, Völker Türk reconoció algunos avances positivos por parte del Estado venezolano desde su informe anterior, pero la balanza no es favorable: «Durante todo este período, han persistido las preocupaciones estructurales y sistémicas en materia de derechos humanos. Mi oficina ha recibido información sobre la continua tortura y el maltrato a los detenidos, incluso en los centros Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es sumamente preocupante. Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, ancianos y al menos un menor».
El alto comisionado planteó lo que considera son cinco áreas clave de acción:
«Primero, las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas que aún permanecen detenidas arbitrariamente.
Segundo, proteger y ampliar el espacio cívico. Esto es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos.
Insto a las autoridades a que permitan a la sociedad civil trabajar libremente, garanticen su participación en los asuntos públicos y protejan a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos contra amenazas y ataques.
Tercero, reformas estructurales en los sectores de justicia y seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos legales y las prácticas que han permitido la represión de la disidencia política. Dichas reformas son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones.
El Gobierno también debe desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población.
En cuarto lugar, es fundamental garantizar y ampliar el acceso a la atención médica, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a garantizar salarios, pensiones y otras medidas de seguridad social adecuadas para cubrir las necesidades básicas, y a renovar su compromiso con los derechos laborales. Asimismo, deben demostrar mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza.
Finalmente, los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional. La sociedad venezolana sigue profundamente polarizada. Para sanar estas divisiones se requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Esto, a su vez, exige que se preserven todas las pruebas, incluso si se clausuran los centros de detención».
El nuevo escenario
Völker Türk comenzó su presentación estableciendo un contexto: «Desde mi última actualización ante este Consejo, la situación en Venezuela ha estado marcada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias».
Y siguió: «En respuesta a dicha intervención, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia. Según informes, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron esta declaración como pretexto para medidas intrusivas, lo que contribuyó a generar un clima de temor entre la población. Insto a las autoridades a que reevalúen el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad».
También reconoció que «las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos errores del pasado». Y valoró como positivo la posibilidad de que el personal de su oficina -expulsado del país en 2024- vuelva a recibir visas para instalarse nuevamente en Caracas.
Sin embargo, hay prácticas que no cambian: «El 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía. Lamento que se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad. Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de esta ley. Mi oficina ha solicitado la lista oficial de los liberados, así como el acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta el momento sin éxito. Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos».
Denunció que muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria. Y la amenaza persiste: «El espacio cívico sigue restringido. Años de represión han generado temor en la población a expresarse. La ley de supervisión de las ONG aún obstaculiza la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada. Espero que la revisión anunciada de la Ley Constitucional contra el Odio signifique que ya no se utilice para reprimir la disidencia».
El alto comisionado mencionó también la dificultad para acceder a servicios básicos como agua, electricidad y salud; los bajos salarios, la necesidad de que se garantice el derecho a la protesta, de que se trabaje para que los pueblos indígenas tengan acceso a la salud y se materialice la postergada demarcación de sus tierras.
Y volviendo a los cambios que se llevan a cabo desde el 3 de diciembre, apuntó: «Insto a las autoridades a garantizar que todas las reformas económicas e inversiones, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medio ambiente».
«Los venezolanos experimentan una mezcla de esperanza, temor e incertidumbre», ilustró Türk: «Los derechos humanos deben guiar el camino a seguir».