El juez Alvin Hellerstein descartó desestimar el caso por razones económicas, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo si la administración Trump bloquea el pago de honorarios
El 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, conocido como la «Corte Madre». Desde tempranas horas se formaron largas filas de personas que esperaban entrar, entre ellas venezolanos y analistas del tema. Esta vez la discusión tenía varios propósitos, pero el principal fue uno: ¿quién pagará la defensa de los acusados?
Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan los siguientes cargos: conspiración por narcoterrorismo, posesión de armas y dispositivos destructivos y conspiración para importar y distribuir droga en Estados Unidos.
Desde el 3 de enero, cuando EE.UU. atacó militarmente varias zonas del país, fueron capturados y llevados a enfrentar la justicia estadounidense en Nueva York, desde ese momento están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
La defensa de los acusados sostiene que los honorarios legales deben ser pagados por el Estado venezolano. Sin embargo, la Fiscalía señala que esos fondos son ilícitos debido a las sanciones que Estados Unidos mantiene contra Venezuela. Por esa razón, según la Fiscalía, la única manera de pagar a la defensa sería a través de los fondos personales de los dos.
Los abogados que integran la defensa son Barry Pollack, del bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP —conocido por representar a Julian Assange en el caso de WikiLeaks—, quien defiende a Maduro; y Mark Donnelly, de la firma Parker Sanchez & Donnelly en Houston, quien ha representado a figuras de alto perfil como el procurador general de Texas, Ken Paxton, y es quien defiende a Cilia Flores actualmente.
En estos casos, los honorarios legales pueden ascender a millones de dólares. Solo los de Pollack pueden llegar a los 2.000 dólares por hora, sin contar que son casos que pueden durar muchos meses.
En los primeros minutos, Pollack sostuvo la misma premisa que había planteado anteriormente: tanto Maduro como Cilia Flores tienen derecho a una defensa propia y el Estado venezolano puede cubrir esos gastos legales. Con esa premisa, le pidieron al juez Alvin Hellerstein que desestimara el caso.
La Fiscalía, por su parte, argumentó que los fondos del gobierno venezolano no pueden utilizarse porque están sujetos a sanciones desde 2019, y que tanto Maduro como Cilia representan una «amenaza a la seguridad nacional», razón por la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) mantiene las sanciones vigentes.
Hellerstein se mostró en desacuerdo. Indicó que, al encontrarse en territorio estadounidense, los acusados ya no representan una amenaza para la seguridad nacional, y que dada la complejidad y duración del caso, necesitaban una representación legal propia.
El fiscal federal Kyle Wirshba argumentó que «los acusados estaban saqueando la riqueza de Venezuela» y que permitirles usar esos fondos «socavaría las sanciones».
Durante la audiencia, el juez federal preguntaba constantemente: ¿cuál era la solución del caso? Ya que si los acusados no tienen fondos para pagar su defensa legal, el Estado tendría que asignarle un defensor público. A lo cual la defensa se niega ya que el gobierno venezolano quiere pagar por los gastos legales tanto de Maduro como de Flores.
Hellerstein dijo que no desestimaría el caso por razones económicas —moción que había solicitado la defensa al inicio de la audiencia—, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo si la administración de Trump impide que los acusados paguen sus honorarios legales.
El juez también anunció que en breve emitirá una resolución final sobre si el gobierno de Donald Trump deberá permitir al gobierno venezolano cubrir los gastos legales de Maduro y Cilia Flores.
Según reportes de quienes pudieron ingresar a la audiencia, ambos acusados lucían notablemente más delgados que en su primera comparecencia, cuando se leyeron los cargos y se declararon inocentes. Sin embargo, periodistas presentes señalaron que los veían saludables.
Durante los 90 minutos que duró la audiencia, permanecieron sentados, con los auriculares puestos y en silencio, vestidos con uniformes verde caqui.
En algunos momentos tomaban notas; en otros, susurraban al oído de sus abogados.
Mientras se desarrollaba la audiencia, Donald Trump hizo declaraciones sobre el caso y anunció que Maduro enfrentará cargos judiciales adicionales.
«Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben», dijo el mandatario durante una reunión en la Casa Blanca.
Hasta el momento no se ha fijado fecha para una tercera audiencia, pero se espera la decisión del juez Hellerstein sobre los gastos legales en los próximos días.
En las semanas finales de 2025, la cúpula del chavismo elevó el tono de su retórica antimperialista, anunciando respuestas y acciones si Estados Unidos llegaba a atacar el territorio venezolano. A la luz de los hechos del 3 de enero y los días posteriores, aquellas amenazas fueron palabras solamente
Ambos usaron traducción simultánea y se declararon inocentes de las acusaciones. Cilia Flores se quejó de unos golpes y se le hará una radiografía
Es el mismo penalista que defendió a Julian Assange y que destacó en otros casos como Enron, representando a Michael Krautz, un alto ejecutivo que fue absuelto
