El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que apoya la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional y que valora la colaboración del gobierno interino de Delcy Rodríguez para desmantelar el tribunal, al que considera «corrupto e inútil».
En un una publicación de X, el Departamento de Estado expresó que la CPI lleva «investigando a Nicoļás Maduro desde 2018 sin ningún resultado (…): «La CPI ha malgastado sus recursos en investigar y imputar a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se han sometido a la jurisdicción de la corte».
Estados Unidos resaltó que, solo por el liderazgo del presidente Donald Trump, «Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de EE. UU. por los delitos que ha cometido».
El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que inició el trámite para retirar a Venezuela de la CPI el viernes 24 de julio. La decisión se tomó cuando el Estado venezolano tiene varios casos abiertos en la CPI, por violaciones a los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad.
Uno de los argumentos de Rodríguez para salir fue que «Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía«.
El comunicado de Estados Unidos se alinea con la decisión del gobierno interino: «e trata de una extralimitación flagrante, de parcialidad política y de aplicación selectiva de la ley. La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima». Además insta a «todos los miembros de la CPI a que se retiren del Estatuto de Roma».