El empresario Alejandro Betancourt es uno de los favoritos de la presidenta interina para los negocios de crudo en el país, pero sus antecedentes son claros: medios y ONG reflejan tramas de corrupción y causas judiciales
Con el movimiento en el sector petrolero y las frecuentes visitas de funcionarios estadounidenses y empresas extranjeras interesadas en invertir en el sector energía, viejos personajes beneficiados por el Estado asoman nuevamente. Leopoldo Alejandro Betancourt López es uno de ellos.
Betancourt comenzó su relación con el gobierno en la época del expresidente Hugo Chávez, a través de su empresa Derwick Associates Venezuela S.A., que obtuvo una serie de contratos vinculados al sector eléctrico, según recuerda a los desmemoriados Transparencia Venezuela.
Hoy está bajo libertad condicional en Inglaterra, donde siguen activas investigaciones por parte de España y Suiza por blanqueo de capitales, según un artículo de La Gran Aldea. A Betancourt, sin embargo, parece que no le gusta pasar desapercibido: dos residencias en Inglaterra —una en Chelsea, valorada en 24 millones de libras esterlinas, y otra en Oxfordshire, valorada en 18 millones— además de un helicóptero para moverse entre ambas dan una idea del tipo de vida de la que disfruta.
Betancourt logró -entre 2009 y 2010- 12 contratos a través de Derwick Associates de Venezuela para construir plantas eléctricas en varios estados del país. El entonces presidente Hugo Chávez le entregó 2.900 millones de dólares para completar la tarea, según Transparencia Venezuela.
Las conexiones que facilitaron esos contratos eran reveladoras: Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo del expresidente de Electricidad de Caracas, y Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico —también investigado por varios países por corrupción, según Transparencia Venezuela— estaban entre sus aliados.
Betancourt sumó a Derwick Associates de Venezuela S.A. a Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga, consolidando el grupo que parece encarnar la idea de «los bolichicos» con esta empresa que, en teoría, solucionaría la crisis energética del 2009. Ni Derwick ni los jóvenes emprendedores tenían experiencia en el sector eléctrico, pero manejaron proyectos de gran envergadura y de suma importancia para el futuro del país. El resultado: contratos con sobreprecios, equipos en mal estado, subcontrataciones irregulares y una crisis que todavía hoy está lejos de resolverse.
Venezuela abrió una investigación judicial que cerró en 2015 cuando la jueza Romy Rojas, del Área Metropolitana de Caracas, aseguró que no había pruebas de irregularidades en los contratos vinculados con Derwick.
Sin embargo, en 2017 el entonces fiscal general Tarek William Saab acusó a Betancourt de poner sobreprecios en contratos con Pdvsa. Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, también lo vinculó a un esquema de corrupción en el que se manejaron 4.850 millones de dólares, según Transparencia Venezuela. Irónicamente, fue el propio El Aissami quien terminó detenido por el caso Pdvsa-Cripto.
El socio de Betancourt, Francisco Convit fue detenido en 2025, después de un incidente en una cancha de pádel: según funcionarios venezolanos, mantenía conversaciones con oficiales estadounidenses. Convit se fugó del Helicoide y su paradero sigue siendo desconocido, según se lee en La Gran Aldea.
En abril de 2024, Betancourt se asoció con el empresario estadounidense Harry Sargeant III en la firma North American Blue Energy Partners (Nabep), con el objetivo de comercializar petróleo venezolano.
Según Armando.info, Nabep obtuvo contratos con PDVSA para la explotación de campos en el estado Zulia, cerca del Lago de Maracaibo. Los bloques asignados fueron Bloque III, Lagunillas Tierra, Bachaquero Tierra y Ceuta VIII, para operar en las refinerías Petrocedeño, Petrocabimas y Petrosur. Esos contratos fueron aprobados por Pedro Tellechea, sucesor de El Aissami, quien también fue señalado por corrupción.
La empresa también estaría interesada en dirigir la refinería de Bajo Grande, inactiva desde 2016, según investigaciones de La Gran Aldea.
Desde sus tiempos al frente de las carteras de Finanzas e Hidrocarburos, la hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez ha tenido un papel activo en impulsar los Contratos de Participación Productiva (CPP), que flexibilizan los acuerdos petroleros para reactivar y recuperar el sector con inversión extranjera y nacional. En la práctica, los CPP ofrecen mejores condiciones y mayor control operativo a los socios privados y -además- han sido asignados a dedo. El periodo de vigencia de estos contratos es de 15 y 25 años, y en junio del 2025 se le exoneró el pago de regalías y una reducción de alícuotas al impuesto sobre la Renta del 50% al 34%, según un informe de la ONG, Transparencia Venezuela.
Según La Gran Aldea, el apoyo de Rodríguez permitió que Betancourt se reuniera con contratistas en Londres, presentando una producción de 200.000 barriles diarios, cifra que las fuentes ajustan a unos 160.000 barriles.
A pesar de que la mayoría de los CPP habrían sido suspendidos tras la incursión militar en Venezuela del 3 de enero, los contratos de Betancourt habrían recibido un trato preferencial por parte de Rodríguez ante los estadounidenses, según La Gran Aldea.
Reuters también publicó un artículo en el que se explica aún más la relación que tiene el gobierno de la presidenta interina con Betancourt.
Mauricio Claver-Carone, es un cubano estadounidense que a comienzos del 2025 trabajó con la administración de Trump como Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, con el objetivo de «restaurar el orden» de la región.
Aunque actualmente no tiene un puesto oficial en el gobierno estadounidense, después de completar el límite legal de 130 días como empleado especial, se ha destacado como uno de los asesores informales de las relaciones de Estados Unidos y Venezuela y también fue uno de los principales impulsores de contratos y acuerdos para la explotación de recursos del país.
Claver-Carone –quien según Reuters acaba de hacerse a un lado en lo que respecta a Venezuela– señaló que Betancourt había sido utilizado por él y otros funcionarios estadounidenses como intermediario entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el estadounidense. Dijo que Betancourt «entendía el negocio petrolero en ambos países y podía tender puentes entre las partes».
Aliados de la administración de Donald Trump han indicado que Betancourt y Claver-Carone tenían muchos «vínculos estrechos» y que eso podría ser problemático.
Por otra parte, un informe de Transparencia Venezuela, de diciembre 2025, también vincula al empresario venezolano con el expresidente, Nicolás Maduro, ahora detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Nueva York.
La ONG ubica a Betancourt como parte de la red de intermediarios en la que también figuran personas como Álvaro Pulido, Jorge Giménez o Ramón Carretero Napolitano, los cuales manejan empresas, que luego se reconstituyen con otros nombres y nuevas personas.
Betancourt enfrentó dos demandas en Estados Unidos que fueron desestimadas: una por corrupción, fraude electrónico y difamación, interpuesta por Otto Reich, exembajador en Venezuela; y otra del director ejecutivo de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, quien alegó sobreprecios de hasta 400% en los contratos en Venezuela, según Transparencia Venezuela.
También está señalado como conspirador en el caso Money Flight, que desvió más de 1.000 millones de dólares de Pdvsa. Varios empresarios y exfuncionarios venezolanos fueron condenados por ese caso, pero Betancourt quedó libre de cargos.
En 2015, Estados Unidos solicitó la colaboración de Suiza para investigar a Derwick Associates Corporation por lavado de dinero en cuentas estadounidenses con fondos corruptos venezolanos.
En 2018, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España abrió una investigación formal contra Betancourt por presunto blanqueo de capitales. El empresario dijo no haber recibido notificación judicial.
Sin embargo, España sigue investigando al empresario por una red de blanqueo de capitales de Pdvsa que, según un reportaje del diario La Gaceta citado por La Gran Aldea, involucraría 3.000 millones de dólares procesados entre 2019 y 2021.
Hasta el momento, Betancourt no tiene una acusación formal, según el informe de Transparencia Venezuela publicado en septiembre del 2025.
Betancourt está relacionado con más de 50 empresas en distintos países, entre ellas, siete en Venezuela, seis en España y cuatro en Estados Unidos, la mayoría vinculadas al petróleo, la energía y las obras civiles.
En 2012 entró al sector petrolero con Petrozamora, junto a socios rusos y españoles. Pdvsa era dueña del 60%, mientras que el 40% restante pertenecía a Gazprombank Latin America Ventures BV, entidad en la que el 49% era del grupo de los llamados bolichicos.
También fundó BDK Financial Group junto a un socio español —hoy llamada Afrika Financial Group—. Según el Proyecto de Denuncia de la Corrupción Crimen Organizado (OCCRP), esta compañía realizó transacciones fraudulentas de millones de dólares hacia empresas asociadas con Betancourt y los bolichicos.
En el 2016, Betancourt también hizo una inversión de 50 millones de euros en una marca de lentes de sol llamada Hawkers, la cual hasta entonces no había aceptado capital, según un artículo publicado por el diario El Español. Las ganancias adquiridas las reinvertían en la empresa. De todos los inversionistas interesados, Betancourt lideró la mesa y los emprendedores terminaron por decidirse por él. «Es una persona que conectó con nosotros enseguida», dijo David Moreno, uno de los cofundadores al diario El Español.
Actualmente solo 19 de sus empresas siguen activas, y desde 2012 no crea nuevas asociaciones vinculadas a Venezuela, según Transparencia Venezuela.
Betancourt ha construido una vida de lujo visible: las dos mansiones en Londres, un castillo en Alamín, Toledo, allanado por las autoridades españolas, y propiedades en más de 10 países. Según Reuters, ha invertido 300 millones de dólares en residencias en ciudades como París, Florida, España y Nueva York.
La Gran Aldea señala no se puede descartar que Betancourt pueda estar colaborando con funcionarios estadounidenses. Tanto Convit como Alex Saab son ejemplos de personas cercanas al gobierno venezolano que terminaron en esa misma posición. El medio afirma que es prematuro indicar que eso es exactamente lo que ocurre con Betancourt, pero sus relaciones con oficiales cercanos a Trump, en el contexto del regreso al sector petrolero, podrían redefinir esas intenciones.
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