Siete reconocidos periodistas venezolanos están siendo investigados por un tribunal y la policía, mientras que todos sus datos privados, familiares, bancarios y de redes sociales han sido intervenidos por orden de la Fiscalía, informaron fuentes vinculadas con el proceso.
La demanda penal fue iniciada «ante la comisión de un hecho punible de acción privada», por el ex director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, un hombre que fue noticia pública, nacional e internacionalmente hace algunos meses.
Bajo la acusación de haber hecho «afirmaciones falsas» que atentan contra “el honor y reputación” de un alto funcionario gubernamental, Carvajal logró con éxito que los profesionales de la comunicación cayeran bajo la mira formal del Estado, con todos sus datos privados allanados por funcionarios de seguridad.
Carvajal además los acusa de una supuesta intención de “desestabilizar y atacar” al Gobierno venezolano. La demanda «por difamación» alcanza a Gustavo Azócar, Hernán Lugo Galicia, Javier Ignacio Mayorca, Sofía Nederr, Patricia Poleo, Ibsen Martínez y Ricardo Guanipa.
En agosto pasado Carvajal solicitó “auxilio judicial” ante el Tribunal 52°de primera instancia en funciones de control de circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.
La acción penal ejercida por quien fue nombrado cónsul de Venezuela en Aruba en enero pasado, pero que nunca asumió el cargo, va destinada a iniciar una investigación, para luego acusar formalmente a los periodistas antes mencionados, al canal de noticias Globovisión; además del coronel retirado Julio Rodríguez Salas; y José “El Gato” Briceño, exgobernador de Monagas.
Según fuentes judiciales, el tribunal admitió el “auxilio judicial” alegando la comisión del delito de «difamación agravada continuada».
Por tal razón, solicitó al Ministerio Público la práctica de las siguientes diligencias: “reconocimiento técnico y vaciado” de las cuentas oficiales de Twitter de Patricia Poleo y Javier Ignacio Mayorca. Además de descargas y transcripciones de las publicaciones impresas y audiovisuales que hicieron los periodistas cuando Carvajal fue detenido en Aruba.
Por petición del juzgado, la Fiscalía 84 a nivel nacional en materia penal, tributaria y aduanera, a cargo de la fiscal Dizlery Cordero León, pidió los registros policiales de los acusados al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; los registros de los señalados como propietarios de algún vehículo automotor llevados por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre; los números telefónicos que se encuentren registrados en Digitel, Movistar, Cantv-Movilnet.
Además solicitó con “carácter de extrema urgencia” al Saime los datos filiatorios, planilla de identificación y registros fotográficos de los cinco comunicadores sociales.
También los registros llevados por el Consejo Nacional Electoral de datos personales, números telefónicos, dirección de habitación, laboral o comercial. Así como las suscripciones a las empresas de televisión por cable de DirecTv, Intercable y Supercable.
Carvajal fundamentó ante el juzgado que los periodistas “iniciaron una campaña de desprestigio en mi agravio, haciendo aseveraciones acerca de lo ocurrido, tratando de subvertir los hechos, y tratando de darle un contexto con el fin único de enlodar la reputación que me he labrado durante más de 30 años de carrera dentro del mundo castrense y como funcionario público al servicio del Estado”, según dice el expediente en el que solicitó la acción penal, y al que tuvo acceso ElEstímulo.com
El general, que no llegó a ser cónsul debido a que no recibió el placet holandés, fue detenido el pasado 24 de julio en Aruba a petición de Estados Unidos, país que lo reclamó por presuntos casos de narcotráfico y supuesta ayuda a la guerrilla colombiana. Fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2008 de financiar a las Farc. En el 2013 fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Florida.
La aprehensión fue reseñada de inmediato por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue noticia de dominio público seguida, investigada y analizada por los periodistas acusados.
Publicaciones incómodas
Hernán Lugo Galicia y Sofía Neder publicaron el pasado 27 de julio en el Diario El Nacional. “General Hugo Carvajal gestionó su entrega a la DEA desde mayo”
Ante tal publicación, Carvajal expresó ante el tribunal que “haciéndome ver como un verdadero delincuente mediante calificativos empleados, logrando de esta forma exponerme completamente al desprecio de cada uno de los lectores habituales de este diario”, dice el expediente que reposa en el juzgado.
Otro de los trabajos reseñados que usó el mayor general para fundamentar su acusación fue la infografía publicada por Globovisión el pasado 25 de julio y que fue titulada: “Infografías: Claves de la detención de Hugo Carvajal”.
Al respecto, Carvajal alegó que la información es “falsa” y que “incitan al desprecio, fomentando una imagen retorcida de mi persona, tirando por el piso mi reputación públicamente”, dice el expediente.
En el caso de Javier Ignacio Mayorca, el nombrado cónsul por el gobierno venezolano dijo que el periodista lo “atacó con difamaciones».
Aquí el artículo que hizo mención Carvajal en su alegato: “El Ocaso del general”, publicado el 27 de julio en el blog del periodista.
“Con acusaciones falsas y sin fundamentos que empañan mi honor e imagen”, se refiere el funcionario al artículo publicado por Mayorca el pasado 7 de agosto en el Diario El Nacional, titulado: “Impune el asesinato de “Jabón”, supuesto cómplice de Carvajal”.
Esta no es la única acción penal emprendida por el exdirector del DIM. El pasado 10 de noviembre, el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, fue notificado por el Tribunal Supremo de Justicia que fue aceptado por el máximo tribunal la solicitud hecha por Hugo Carvajal, quien pidió un antejuicio de mérito contra el parlamentario.
Fuentes extraoficiales indicaron que la intención de actuar contra el diputado es “sacarlo del escenario político”.
Mientras que el “auxilio judicial” es una “orden superior” con la finalidad de “callar” a los periodistas que dan a conocer a la luz pública hechos “incómodos” y “perjudiciales” para el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo una de las fuentes relacionadas con el caso.
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