Cuando fue Fiscal Nacional 20 del Ministerio Público acusó a varios políticos opositores, incluyendo al preso político Antonio Ledezma y a la activista y ex diputada María Corina Machado. Estos son sólo dos de sus casos más sonados, pero no los únicos.
En su último cargo en el Ejecutivo fue vice ministra de Investigación Penal, luego renunció a su carrera en el Ministerio Público argumentando en una carta formal que su militancia política no le permitía independencia profesional.
En la lista en la que está Haringhton, Estados Unidos incluye personas de terceros países sobre los que las autoridades “tienen pruebas suficientes de sus vínculos con armas de destrucción masiva, terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, delincuencia organizada transnacional”, señala el experto en anti lavado de dinero Alejandro Rebolledo, sobre este mecanismo internacional de sanciones a individuos, que incluye el bloqueo de sus cuentas internacionales y prohibición de enajenar activos que posean en territorio estadounidense.
Es una lista variopinta, donde se incluyen desde narcotraficantes, guerrilleros de la FARC, militares del círculo más cercano de Maduro, terrorista del Medio Oriente y ex ejecutivos de bancos, empresas dudosas y funcionarios de varios países adversarios de Estados Unidos, como Irán y Corea del Norte.
Bajo la identidad deletreada como HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith, (En medios oficialistas e informaciones de la Fiscalía deletrean su apellido como Harrington, aunque ella firma HARINGHTON, y así aparece en su registro electoral) la funcionaria fue incluida en 2015 en la lista corta de los últimos venezolanos sancionados por las autoridades de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país.
Varios magistrados del propio Tribunal Supremo que designó a Haringhton están en esa contagiosa lista desde comienzos de este año 2017.
“Como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición, incluido la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos”, según el documento de 2015 del gobierno de Estados Unidos refrendado por el hoy ex presidente Barack Obama.
El chavismo ha reiterado su rechazo a estas sanciones individuales, las que considera una intromisión y una afrenta contra toda la República de Venezuela y todos sus habitantes. Varios funcionarios, inclusive la hasta las próximas horas fiscal general Luisa Ortega Díaz -para el caso de Haringhton-, han defendido la moral y la honra de estos funcionarios.
Ahora la nueva vice fiscal se apresta a asumir el cargo que le arrebatarán a Ortega Díaz a través de un esperado ante juicio de mérito por la vía rápida que prepara el Tribunal Supremo.
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