El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), sancionó este viernes a Nicolás "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra, miembro de la Asamblea Constituyente e hijo del mandatario Nicolás Maduro, por ser parte de su Gobierno, considerado ilegítimo por la administración de Donald Trump.
A continuación, el comunicado completo de la OFAC, fechado en Washington este viernes 28 de junio:
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al hijo del líder ilegítimo del régimen venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien fue sancionado previamente el 31 de julio de 2017.
Esta acción, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, tiene como objetivo a Nicolás «Nicolásito» Ernesto Maduro Guerra (Maduro Guerra) por ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela.
Maduro Guerra es miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, también conocida como la Asamblea Nacional Constituyente o ANC.
Poco después de que Maduro asumiera la presidencia, nombró a su hijo para dirigir el recién creado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, y en 2017, Maduro Guerra fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente tras la fraudulenta creación de la dicho organismo, que sólo sirvió para requisar los poderes constitucionales de la legítima Asamblea Nacional y afianzar aún más el régimen de su padre.
«El régimen de Maduro se construyó sobre elecciones fraudulentas, y su círculo íntimo vive en el lujo de las ganancias de la corrupción mientras el pueblo venezolano sufre», dijo el secretario de Hacienda Steven Mnuchin.
«Maduro depende de su hijo Nicolasito y de otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el dominio de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. Hacienda seguirá atacando a los parientes cómplices de los informantes ilegítimos del régimen que se aprovechan de la corrupción de Maduro».
La Asamblea Nacional Constituyente, que busca reescribir la Constitución venezolana y disolver las instituciones del Estado venezolano, fue creada a través de un proceso no democrático instigado por el gobierno de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano.
El 9 de agosto de 2017, la OFAC designó a ocho personas involucradas en la organización o en el apoyo a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y en la participación en acciones antidemocráticas: Francisco José Ameliach Orta, Adán Coromoto Chávez Frías, Erika del Valle Farias Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco, Hermann Eduardo Escarra Malave, Tania D’Amelio Cardiet y Humberto Lugo Armas. La Asamblea Nacional Constituyente está presidida por Diosdado Cabello Rondón, quien fue designado por la OFAC el 18 de mayo de 2018.
Maduro Guerra también ha participado en actividades de propaganda y censura y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores.
A principios de este año, Maduro Guerra estaba diseñando una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas para que negaran la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, calificándola como un intento de socavar la democracia venezolana.
También trabajó para aumentar la censura de la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela, enmarcando la censura como necesaria debido a las actividades del gobierno de Estados Unidos.
Se ha determinado que la persona sancionada hoy es un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela:
Nicolás «Nicolásito» Ernesto Maduro Guerra es hijo de Nicolás Maduro Moros y es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2014, Maduro Guerra fue nombrado jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de este individuo, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de este individuo, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones de los Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes; las sanciones tienen la intención de producir un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos el levantamiento de las sanciones para las personas designadas bajo la Ordenanza 13692 o la Ordenanza 13850 que tomen medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncien en contra de los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción en Venezuela».
Esta nueva medida del Departamento del Tesoro se une a las sanciones aplicadas el pasado jueves 27 de junio contra el ex ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y Eustoquio José Lugo Gómez, ex rector de adquisiciones de Corpoelec, por su presunta responsabilidad en las fallas del sistema eléctrico nacional.
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