En una serie de inspecciones a 22 plantas productoras en 2015, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) constató que solo las empresas privadas reportan ser intensamente inspeccionadas por el gobierno.
También se observó que la producción de las empresas del Estado está aproximadamente a 50% de su capacidad instalada. «Hay dificultades para ejercer la contraloría social. A pesar de observar avances al permitir el acceso a la instalación, aun no se logra que las empresas públicas entreguen toda la información solicitada», indica una nota de prensa enviada por la organización.
Además, se detectaron algunos problemas clave como la escasez de insumos nacionales para la producción, la no aprobación de permisos de importación para materia prima y los problemas para conseguir repuestos.
Anauco aprovechó para presentar su propuesta de agenda legislativa, que será presentada muy pronto ante la Asamblea Nacional.
Una de los aportes más destacados del documento es la creación del Estatuto del Consumidor y del Usuario, una ley de carácter orgánico que establezca de manera clara los derechos de los consumidores, entre ellos el derecho a elegir bienes y servicios de calidad sin limitaciones.
Adicionalmente, se considera necesaria la modificación de la Ley de Precios Justos «para rescatar los mecanismos de protección al consumidor que contemplaban leyes derogadas». Pide en este sentido reformar las leyes en materia cambiaria, pues «el ciudadano debe tener un capítulo especial que le garantice la materialización de sus derechos individuales, como el de libre tránsito, libertad económica, así como el derecho a recibir sin limitaciones las remesas necesarias para sus estudios en el extranjero, o las correspondientes a sus jubilaciones o pensiones».
Propone también una Ley de Contraloría Social, que permita la supervisión de las empresas públicas, y la Ley de Compras Programadas, «como mecanismo alterno al crédito bancario para permitir el acceso más democrático y competitivo a los bienes y servicios».
La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) confirmó a Efe este 23 de agosto que, hasta el cierre de la jornada, no han recibido una comunicación que plantee una fecha para el eventual comienzo de operaciones
Polesel aclaró que "antes (los comerciantes) tenían que pagar impuestos para nacionalizar esos productos y hoy día están exentos", lo que "beneficia a un sector que ha podido importar" con "precios competitivos"
Desde que se sentenció la liquidación de esta insolvente filial del BOD de Víctor Vargas ha pasado casi año y medio. Pero todavía los síndicos dicen que no han verificado la existencia de los activos del banco. Anauco, a nombre de unos 300 clientes afectados piden celeridad en el caso porque necesitan el dinero.
