Detienen a ocho trabajadores de Cervecería Polar Acarigua
Empresas Polar denunció este martes el ingreso forzoso de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a la agencia de Cervecería Polar en Acarigua, estado Portuguesa.
Empresas y Negocios
A través de la cuenta en la red social Twitter @EmpresasPolar, la corporación informó sobre la detención de ocho empleados de la agencia del estado centro-occidental.
Denunciamos uso excesivo de la fuerza y violencia: Sin ninguna orden entraron a la instalación con una grúa y se los llevaron detenidos
— Empresas Polar (@EmpresasPolar) 13 de septiembre de 2016
Funcionarios de la GNB decomisaron teléfonos de todos los trabajadores que se encontraban en el sitio. Sucesos en pleno desarrollo. — Empresas Polar (@EmpresasPolar) 13 de septiembre de 2016
La corporación anunció más temprano la liberación bajo fianza de la gerente del Centro de Distribución de Alimentos Polar en Yaracuy, Layra Parra, detenida el pasado jueves 8 de septiembre «al no poder demostrar la existencia de delito alguno».
La medida fue dictada por el Juzgado 4to de Control de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Por su parte, el Ministerio Público tampoco encontró delito alguno y solicitó la libertad plena para la trabajadora.
La acusación sin fundamento contra Parra ocurrió luego de 10 días de fiscalización por parte una comisión de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y representantes de la gobernación del Estado Yaracuy, en la que no encontraron ninguna irregularidad, refiere una nota de prensa.
“Desde el inicio de la fiscalización, los funcionarios amenazaron con llevarse detenida a Parra, si no accedía a desviar 259.000 kilos de harina precocida de maíz, casi la totalidad del inventario del centro, a una empresa de la gobernación, adicionales a los aproximadamente 345.000 kilos que ya se les habían despachado en el marco de un convenio con CASA”, explicó Jormary Rodríguez, gerente de Asuntos Legales de Alimentos Polar.
La empresa denunció que esta medida pondría en riesgo el abastecimiento para 12.000.000 de consumidores, ubicados en 75 municipios de 12 estados del país, que se atienden desde ese centro de distribución.
“Todo esto ha sido un proceso plagado de irregularidades. Un atropello burdo contra una trabajadora honesta, madre de familia que lo único que hizo fue defender la distribución justa para esos 12.000.000 de consumidores en, al menos, 12 estados del país”, señaló la abogada.
