Aunque insistió en proclamar soberanía, el discurso de Delcy Rodríguez siguió, hábilmente, las palabras de Marco Rubio. Dijo que habrá elecciones, pero que no apuren y que en 2027 decretarán cuatro incrementos de los ingresos
El de hoy quizás haya sido el discurso más importante de la carrera política de Delcy Rodríguez. Y para hacerlo escogió el mismo día de la primera rueda de prensa de María Corina Machado tras su regreso al país. Eligió, además, un escenario neutro, adornado con flores y sin ninguna presencia de los habituales elementos gráficos del chavismo. Así -de taller blanco, los dedos engalanados de joyas- sin levantar la voz ni exagerar los gestos, le habló al país y anunció, entre otras cosas, aumentos de los ingresos de los trabajadores en 2027, avanzar en las renovaciones del TSJ y el CNE para llegar, finalmente -y algún día-, a un proceso electoral que no genere sospechas.
No uno, ni dos. La presidenta encargada prometió que el próximo año los trabajadores -supone uno que los públicos- tendrán cuatro incrementos en sus «ingresos» -no dijo sueldos- y que “en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”. Así que habrá que estar pendiente de las variables macroeconómicas.
Con ese telón de fondo, sin imágenes de Chávez y menos aun de Maduro, Delcy Rodríguez aseguró que hablaba con sinceridad en la ocasión de rendir cuentas de lo hecho y lo que falta: “Es más honesto reconocer la mitad del camino, que celebrar una meta por alcanzar”.
El problema es que se trató de una sinceridad un tanto acomodaticia, que intenta vender la idea de que el actual proceso de cambios es una iniciativa producto de su llegada a la presidencia y que las decisiones se conciben y se toman con total soberanía. Peor aun, sugerir que todo es consecuencia de una especie de reflexión iluminadora luego del terremoto que les mostró “el camino de la unión, la cooperación y la resiliencia como pueblo” como punto de quiebre de un pasado reciente en el que la política y la economía eran “campo de batalla”.
Si todos sabemos lo que ocurrió el 3 de enero de 2026, ¿qué sentido tiene decir estas cosas? O hacer un aparte para decirle a la gente que la sigue «la soberanía no se negocia. Cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela».
No reconocer el elemento de fuerza que impuso este momento de cambios, empaña el mensaje. Pero se entiende. Peor resulta insistir en utilizar expresiones que esquivan la responsabilidad del gobierno al que ella perteneció, en las violaciones a los derechos humanos, la persecución política, la instrumentalización de la justicia para castigar a los rivales políticos y la ineficiencia.
Esto dijo, por ejemplo: “En enero solicité una transformación profunda de la justicia que reconstruya la confianza y recupere la credibilidad en las instituciones. Asimismo, anuncié una Ley de Amnistía para contribuir a sanar las heridas causadas por años de confrontación entre hermanos».
¿Así que los presos políticos son una consecuencia de «años de confrontación entre hermanos» y no de la utilización de los sistemas de justicia y policiales para la persecución política?
Según ella, la Ley de Amnistía aprobada en febrero ha beneficiado a “casi 9.000 personas” poniendo fin a procesos penales derivados de la “confrontación en la que estuvimos sumidos”; y “más de 1.000 personas han sido puestas en libertad”.
«Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal”, apuntó. La reforma busca lograr una justicia transparente y no parcializada, “que deje atrás la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza”, para lo cual cuentan con asistencia técnica de la Unión Europea y pidieron la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Rodríguez anotó como un logro haber declarado en septiembre que la Ley contra el Odio “se había aplicado de forma abusiva” y que pidió que se reformara para eliminar las sanciones penales del instrumento. Instruyó a que una vez reformada la norma, el sistema de justicia revise los casos de personas condenadas por la Ley contra el Odio. Y prometió que habrá más medidas de esta naturaleza.
En materia de libertad de expresión, nuevamente esquiva el bulto. “Seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida”, dijo.
¿Medidas administrativas o censura? La realidad, por si alguien la desconoce, es que los medios informativos digitales fueron bloqueados sin aviso, sin procedimiento y sin notificación de de esas supuestas medidas administrativas. Y nuevamente, el eufemismo de la «confrontación vivida», como quien habla de dos bandos enfrentados en igualdad de condiciones.
Como quien tiene que recordarle a las instituciones la existencia de la Constitución y las leyes, la presidenta encargada dijo varias frases que hay que citar:
“La violencia no es el camino para dirimir las controversias que surgen en una sociedad. Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto sin temor a represalias de ningún tipo”.
“He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito”.
“El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos”.
“La protesta pacífica es un derecho constitucional y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad”.
El 26 de octubre, en sus declaraciones luego de la entrada de María Corina al país, Delcy Rodríguez se refirió a ella, calificándola de neófita: «El proceso de diálogo que se adelanta en Venezuela es algo muy serio, que requiere mucha experiencia, alejado de espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas».
Hoy reforzó el mensaje de que la situación requiere de su experiencia, ella es la indispensable en este momento, no la recién llegada: “Firmar una reforma, mover a una institución, sentar en una misma mesa a quienes durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce al Estado a profundidad. Lo conozco desde adentro. He sido ministra en distintas áreas, canciller, vicepresidenta ejecutiva y hoy soy presidenta encargada. Sé de qué les hablo. Una transformación de esta magnitud, si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel. Y Venezuela ya ha tenido demasiados papeles».
Que aquí la que sabe es ella, que es la garantía de que esto avance, ha dicho. Y en Washington parecen estar convencidos de que así es. Por ahora.
«Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando. No lo escondo», advirtió: «Esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita. Y la medida de eso, no son mis palabras, son acciones concretas y verificables».
A lo largo de su discurso, la presidenta encargada reforzó la idea de que la atención debe centrarse en los logros, en lo verificable. Tanto, que su frase de cierre antes de las bendiciones fue: “Venezolanos, venezolanas, les pido que me midan por los hechos”.
Se lo dijo especialmente a sus adversarios en otro pasaje: «No les pido que cambien de opinión, les pido que juzguen por los hechos».
Y lo dijo al comienzo, aunque de otra manera pensada para responderle a quienes piden que se determine una fecha para las elecciones: “El horizonte político no se mide con una fecha en el calendario sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar. Un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.
Quien haya redactado este discurso, seguramente prestó atención a las palabras de Marco Rubio en su conversación con un grupo de periodistas el lunes 26. Cuando le preguntaron al secretario de Estado si confiaba en Delcy Rodríguez, esta fue su respuesta: «La confianza no se basa en la retórica, sino en los hechos. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente nos importa. Si, finalmente, contamos con un nuevo TSJ, un nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral), nuevas elecciones y un nuevo sistema de gobierno, eso es precisamente lo que buscamos. Más allá de lo que se diga durante el camino, lo importante es que esto se materialice. Se trata de un proceso basado en resultados. Y, hasta ahora, todo lo que hemos solicitado en este marco —ya sean reformas económicas o políticas— se está llevando a cabo«.
Es una jugada inteligente, hay que reconocerlo, montarse en las palabras de Marco Rubio. Aunque minutos más tarde pretenda demostrar independencia: «La soberanía no se negocia. Cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela».
En el plano económico hay cosas por destacar. Anunció que solicitó una valoración de activos en manos del Estado que puedan “ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado”. Es decir, privatizaciones o devoluciones a bienes a ciudadanos expropiados durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
“La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución”, recordó. Como si alguna vez hubiera dejado de estar protegida por las leyes.
Además de hacer referencia a la simplificación de trámites y la modernización del Seniat, habló del negocio petrolero. El “diálogo económico”, como lo llama, «ha arrojado la suscripción de 61 contratos en hidrocarburos con inversionistas nacionales e internacionales… Y están en negociación 44 acuerdos más«. Dijo también que están en curso negociaciones en minería, oro, aluminio, hierro…
Por supuesto, hizo referencia al futuro electoral. No hay fechas, ni apuros. Lo dejó claro, igual que Marco Rubio, primero hay que concretar los cambios en el CNE y el TSJ: “Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones. Todas las que manda nuestra constitución organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo. Repito, la elección no debe ser un problema, ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”.
Antes de eso, al mencionar la tercera ronda de negociaciones que se hizo este mes, asomó el asunto: Mencionó que en octubre se dio la tercera ronda de la mesa de negociaciones: “La agenda está centrada en las garantías políticas para todos los participantes en los venideros procesos electorales, en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y en la recuperación de recursos para la atención socioeconómica posterremoto. No es un diálogo para la foto. Son temas duros y no se resuelven en un día”.
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