Las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas por el vaticano siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil
El Vaticano publica este martes el primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, una iniciativa del papa Francisco para luchar contra la violencia sexual pero que sigue siendo insuficiente, según asociaciones de víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema.
Presentado como una «primera etapa», el informe «documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables», indicó la Comisión el viernes, precisando que también incluiría «recomendaciones específicas».
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.300 millones de católicos, pidió a la comisión este informe para tener una información «fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar» y llamó a un «nuevo comienzo».
Los miembros de la comisión constataron durante su investigación «la falta de datos disponibles» sobre agresiones sexuales, declaró la jurista neerlandesa Maud De Boer Buquicchio, responsable de la redacción del informe.
El texto se divide en cuatro partes, que estudiarán los procedimientos que se aplican en una quincena de Iglesias locales, en los distintos continentes y dentro de la Curia romana, el gobierno central de la Santa Sede.
Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia pero ha sido objeto de duras críticas.
En marzo de 2023, su miembro más influyente, Hans Zollner, dimitió de la comisión y la acusó de adolecer de problemas estructurales y de transparencia.
Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra esta lacra: eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
«Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo», dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia.
Según ella, cualquier cura «acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público».
Otra prioridad sería, afirma, «publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual».
«La responsabilidad empieza por divulgar la información», agregó, considerando que «el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia».
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