Se apartó Karim Khan, ¿y ahora cómo queda el caso Venezuela en la CPI?

El fiscal Karim Khan, quien en varias visitas a Caracas se mostró junto al alto gobierno de Nicolás Maduro, pero esquivó reunirse con organizaciones locales de derechos humanos o encontrarse con las víctimas y familiares de los crímenes que estaban bajo su jurisdicción, finalmente se apartó del caso bautizado como “Venezuela I”, luego de que la propia Corte Penal Internacional (CPI) se lo solicitase semanas atrás.

En el seno de este tribunal internacional con sede en La Haya también existe un legajo conocido como “Venezuela II”, impulsado por el chavismo en contrapartida y centrado en el impacto de las sanciones. La reciente visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la CPI y la fotografía que la muestra junto al fiscal adjunto, el senegalés Mame Mandiaye Niang, forman parte de esta estrategia de contrarrestar que lleva adelante Miraflores.

El 1 de agosto en una decisión inédita, la CPI le pidió a Khan que abandonara el caso sobre Venezuela y este miércoles 20 el abogado británico, cuyo arribo a La Haya generó tan buenas expectativas de que avanzara el proceso, formalizó la separación. Mame Mandiaye Niang, con cara de estar obligado por las circunstancias en la foto reciente junto a Delcy Rodríguez, asumirá el caso, cuyas investigaciones iniciales se iniciaron en 2018 cuando la fiscal era Fatou Bensouda, oriunda de Gambia y a quien se le señaló en su momento de ralentizar la decisión de comenzar a investigar a los jerarcas del chavismo.

Cuando se habla de telenovela no es una exageración, ya que la separación de Khan está relacionada con sus lazos familiares y además, en otro procedimiento, el fiscal de la CPI está suspendido mientras se realiza una investigación interna por, presuntamente, haber cometido acoso sexual contra una subalterna en la corte.

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ordenó el 1 de agosto a Khan apartarse de la investigación debido a un conflicto de intereses derivado de su relación familiar y profesional con Venkateswari Alagendra, una abogada que representa al gobierno de Nicolás Maduro.

Esta decisión, impulsada por la Fundación Arcadia, con sede en Washington, ha generado críticas tanto por la percepción de falta de imparcialidad en la CPI como por el lento avance de un proceso que busca justicia para las víctimas de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La fundación Arcadia recusó a Khan en vista de su vínculo con Alagendra, su cuñada, quien forma parte del equipo legal que defiende al gobierno venezolano ante la CPI. Alagendra, hermana de la esposa de Khan, Shyamala Alagendra, ha trabajado junto a él en casos previos, incluyendo la defensa de Seif al-Islam Gadhafi, hijo del exdictador libio Muammar Gadhafi, y del presidente keniano William Ruto.

Esta relación, tanto familiar como profesional, fue señalada por la Fundación Arcadia, como un obstáculo para la imparcialidad de Khan.

Venkateswari Alagendra ha sido una figura clave en la defensa del régimen de Maduro ante la CPI. Desde finales de 2023, cuando se unió al equipo legal venezolano, Alagendra participó en la apelación contra la decisión de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación en 2023.

Esta decisión, si bien refuerza los estándares éticos de la CPI, también pone en tela de juicio las gestiones y actuaciones de Khan en relación con el caso “Venezuela I”. En febrero la investigación para determinar la responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad durante las olas represivas de 2014 y 2017, cumplió siete años de admisión y cuatro años de haberse iniciado oficialmente sin que las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y sus familiares perciban grandes avances.

La CPI, fundada en 2002 bajo el Estatuto de Roma, está orientada a las sanciones individuales, y su ámbito prioriza castigar a los responsables de principalmente tres delitos graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La decisión de apartar a Khan llega en un momento crítico para Venezuela, dado que según reportes diversos, incluyendo documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos se intensificaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Justamente, tras el 28J llovieron las críticas contra Khan y contra la CPI, cuestionamientos tanto nacionales como internacionales, por la falta de respuesta ante lo que sucedió después de las elecciones.

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos, nombrada por la ONU y compuesta por expertos independientes, documentó en su informe de octubre de 2024 que las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados progubernamentales conocidos como “colectivos”, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias durante y después de las protestas postelectorales.

El informe destacó que estas acciones forman parte de una política estatal de represión sistemática, calificadas como crímenes de lesa humanidad por persecución por motivos políticos. A pesar de estas evidencias, la CPI optó por guardar silencio durante la segunda parte de 2024.

Por su parte, el chileno Claudio Grossman, exasesor especial de Khan, renunció en diciembre de 2024, argumentando que “no podía justificar la inacción frente a las graves violaciones cometidas por el gobierno de Maduro”. Estas declaraciones reflejan la frustración de las organizaciones de derechos humanos ante la falta de avances concretos en la CPI.

La inacción de Khan, ahora tras su separación, queda rodeada de sospechas. Su salida, sin embargo, tampoco será una garantía de que el caso avanzará rápidamente. Lamentablemente la CPI, no sólo sufre una crisis interna, con la posibilidad de que Khan termine destituido, sino que también está siendo duramente atacada por algunas de sus decisiones.

Las órdenes de arresto dictadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, emitidas en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra en Gaza, han tenido como respuesta tres oleadas de sanciones individuales de Estados Unidos en febrero, junio y este agosto, contra diversos funcionarios de la CPI.