La CPI es noticia por el cierre de su oficina en Caracas y por el proceso iniciado en la Asamblea Nacional para retirar al país del Estatuto de Roma. Pero tal cosa no significa el cese de la investigación que está en marcha para determinar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) comenzó la semana siendo noticia en Venezuela. Primero fue el anuncio del cierre de su oficina técnica en Caracas, que se hizo oficial desde La Haya, donde tenía lugar la reunión de Estados parte del Estatuto de Roma, que le da piso legal a esta instancia de justicia internacional.
La decisión de cerrar la oficina y el canal de una política de “complementariedad” con el Estado venezolano es la respuesta de la CPI tras constatar la «ausencia total de progreso real» en la cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro.
Para organizaciones de derechos humanos en Caracas, como Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón, la decisión de la CPI es la certificación oficial de que Venezuela no investiga ni sanciona crímenes de lesa humanidad. Se habla de tales crímenes cuando ocurren violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.
El vicefiscal Mame Mandiaye Niang confirmó el cierre de la oficina, que por gestiones del fiscal Karim Khan se abrió en 2023 bajo la premisa de que ayudaría a “fortalecer las capacidades del sistema judicial venezolano».
«Ante la necesidad de gestionar recursos limitados de manera efectiva, hemos decidido replegar la misión técnica», declaró Niang. Activistas de derechos humanos a través de sus redes sociales en Caracas confirmaron que el chavismo nunca permitió que la CPI verificara si existían investigaciones internas genuinas.
La investigación «Venezuela I», abierta oficialmente en 2021, ha sufrido una serie de dilaciones. Incluso, la propia estrategia de Khan de activar los mecanismos de complementariedad con el Estado venezolano resultó en la práctica un mecanismo de dilación.
Khan se encuentra suspendido por una investigación interna por presunto abuso hacia una colega funcionaria.
Asimismo, resultó apartado del caso venezolano al quedar en evidencia que su cuñada, con la que además compartió diversos casos profesionales, representa al gobierno de Maduro ante el Tribunal de La Haya.
La investigación sobre lo ocurrido en nuestro país principalmente en las oleadas represivas de 2014 y 2017 ha quedado a cargo de Niang.
Este abogado senegalés, nacido en 1960, no es un recién llegado al sistema penal internacional. Entre 1997 y 2011, trabajó en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), como oficial legal, oficial legal senior y jefe de gabinete del registrador. De 2013 a 2015, fue juez en la Sala de Apelaciones del TPIR y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
El chavismo es investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos desde al menos 2014 por agentes del Estado y grupos parapoliciales bajo control del Ejecutivo: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias masivas, violencia sexual y persecución política sistemática. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros altos funcionarios aparecen como posibles responsables en la cadena de mando.
Al anunciar el cierre de la oficina en Caracas, Niang enfatizó que la investigación seguirá su curso. No pueden esperarse, sin embargo, decisiones en el corto plazo. Si se hace un promedio, un caso en La Haya puede extenderse por una década.
Es bastante probable que ello ocurra, si nos guiamos por los discursos en el seno de la Asamblea Nacional este martes, cuando comenzó a debatirse un proyecto legislativo para separar a Venezuela del Estatuto de Roma, que es una suerte de carta fundacional del tribunal penal internacional cuya sede está en La Haya.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Acceso a la Justicia aclaró que según este propio instrumento internacional, cuando se renuncia (denuncia en el lenguaje del derecho internacional) tal cosa no exonera a un Estado de las obligaciones que contrajo al firmar el instrumento, eso no ocurre de inmediato.
Por otra parte, aunque la derogatoria fue aprobada en primera discusión, aún no es ley, pues necesita ser aprobada en segunda discusión, promulgada por el Ejecutivo nacional y publicada en Gaceta Oficial para entrar en vigencia.
Además, en el caso de la CPI, deberá notificarse por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, y surtirá efecto un año después de dicha notificación.
La aprobación del proyecto legislativo en Caracas se produjo un día después de que se anunciara el cierre de la oficina de la CPI. Y aunque existe posibilidad de que reciba la luz verde express en la Asamblea Nacional, esto no obstaculizará o suspenderá las investigaciones en curso, como aclaró Acceso a la Justicia.
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