El abogado de la familia de Acosta Arévalo cree que lo ocurrido en este caso es justicia a medias: aún falta investigar a la cadena de mando y la conducta omisiva de los médicos que no lo atendieron a pesar de su estado antes de morir
El caso del capitán Acosta Arévalo ya tiene una sentencia: el tribunal 12 de juicio condenó a 30 años de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y al sargento Estiben Zárate Soto, ambos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como autores materiales del homicidio.
El juez Pablo Vicentelli Puerta consideró que, tras los elementos de convicción presentados y los órganos de pruebas evacuados durante el juicio, los dos funcionarios son responsables de cometer homicidio calificado con alevosía y torturas en perjuicio del capitán de la Armada de Venezuela Rafael Acosta Arévalo. Por parte del Ministerio Público actuó el fiscal 94 Renny Amundaray y Xavier Urdaneta Gasperi.
El abogado de la familia Acosta Arévalo fue Alonso Medina Roa, quien siguió el caso en todas sus fases, inclusive cuando se suspendió por el avocamiento del Tribunal Supremo de Justicia, y posteriormente del tribunal 12 de juicio de Caracas.
Medina Roa indicó que, lo ocurrido en este caso es justicia a medias, ya que aún falta investigar a la cadena de mando y la conducta omisiva de los médicos del Hospital Militar o un día antes de su muerte, ya que no prestaron la atención debida ante el cuadro clínico que presentaba el militar. De hecho, al momento de las conclusiones en el tribunal, esa fue su solicitud.
“La sentencia es un avance, pero no es suficiente. Hemos insistido en que se investigue la cadena de mando, ya que la Dgcim es un organismo militar adscrito al Ministerio de la Defensa, lo que quiere decir que toda acción realizada por subalternos, es supervisadas por militares superiores. Es imposible pensar que más allá de los dos condenados, nadie supo lo que ocurrió con este efectivo castrense, y el desenlace que concluyó con su muerte”, afirmó el penalista.
El 21 de junio de 2019, comisiones del Sebin y de la Dgcim arrestaron de forma arbitraria a siete personas, militares, policías activos y retirados, entre ellos el Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana Rafael Acosta Arévalo. Todo ocurrió en un centro comercial de la ciudad de Guatire, estado Miranda. Al momento de su detención, Acosta Arévalo caminaba, hablaba y movías sus manos normalmente, sin ningún impedimento.
Al día siguiente, su esposa Waleska Pérez, en vista de que su esposo no llegó a casa y por información que comenzaba a llegar, denunció su desaparición forzada. Hay que mencionar que justo el día en que estos efectivos lo apresaron, finalizaba la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Se pudo conocer que, después de estar en manos de los cuerpos de seguridad, llevaron al capitán y las otras personas detenidas a un sitio boscoso fuera de Caracas. Allí, los habrían colgado de árboles, sin ropa, con los ojos vendados para golpearlos en múltiples oportunidades con palos, bates de béisbol y otros objetos de forma cilíndrica. También los someterían a descargas eléctricas en su cuerpo y disparos con armas de fuego muy cerca de sus oídos para que el sonido les afectara la audición.
El día 26 de junio de 2019, cinco días después de su arbitraria detención, el Ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, hizo oficial la captura por parte del Dgcim del capitán Acosta Arévalo.
Rodríguez lo señaló de estar involucrado en un movimiento para derrocar a Maduro. Lo acusó, sin imputaciones ni presentación en tribunales, de haber cometido delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Igualmente, el propio Diosdado Cabello dijo que Acosta Arévalo estaba “a buen resguardo”.
Dos días después, el Dgcim trasladó a Acosta Arévalo a la Corte Marcial en Fuerte Tiuna para su audiencia de presentación. El militar ni siquiera se podía bajar del carro por sus propios medios. Llegó al tribunal en silla de ruedas, sin poder articular palabra. No podía sostener sus brazos y mucho menos mover sus piernas.
Su abogado, Alonso Medina Roa, no pudo conversar en privado con el capitán, ya que siempre estuvieron custodiados por militares de contrainteligencia.
Un juez de control militar, al ver las condiciones en las que llegó al tribunal Acosta Arévalo, ordenó que lo trasladaran inmediatamente al centro asistencia Dr. Vicente Salias conocido como “el hospitalito”, ubicado en Fuerte Tiuna. Sin embargo, en horas de la madrugada murió el capitán.
Luego de que su esposa denunciara su desaparición, comenzó contra la familia del capitán una persecución que derivó en allanamientos, seguimiento, hostigamiento. Llegó a tal punto que Waleska Pérez tuvo que tomar la decisión de abandonar Venezuela con los dos hijos de Acosta Arévalo.
Tras este hecho, el Ministerio Público imputó a dos militares pertenecientes a la Dgcim, Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, por presuntamente haber cometido el delito de homicidio preterintencional concausal, exculpando a los dos militares de las torturas infringidas a la humanidad de Acosta Arévalo.
Sin embargo, en octubre de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló ese proceso penal, ordenando iniciar de nuevo.
Fue así como el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, reconoció que hubo intencionalidad en cometer el homicidio y que sí hubo torturas.
El nuevo proceso penal se aceleró debido a la inminente visita que realizaría en octubre de 2021 el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela.
Uno de los días de mayor impacto en la sala de audiencias ocurrió precisamente en ese mes de octubre, cuando fueron citados seis órganos de pruebas entre ellos médicos y forenses que participaron en exámenes premortem y en la autopsia, y militares de la Dgcim.
El forense hizo una descripción exhaustiva en sala sobre las 38 lesiones que presentó el cadáver de Acosta Arévalo, torturado hasta morir. Detalló cada una de las lesiones y sus consecuencias. Explicó cómo fueron causadas las lesiones y con qué objetos fueron causadas. Golpes con un objeto cilíndrico (tubo o bate), marcas que sugieren que le hicieron descargas eléctricas, fracturas en las costillas y en uno de sus tobillos. Frente al forense y el juez, los dos militares que causaron todos estos daños físicos.
Luego declararon a cuatro médicos que suscribieron un informe que se realizó en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, 24 horas antes de la muerte. Ese día, el capitán Acosta Arévalo fue trasladado a ese hospital con múltiples traumatismos. Fue atendido y aunque reflejaron los golpes, en el informe, a criterio de estos médicos, no había necesidad de hospitalizarlo. Estás lesiones coinciden con las que aparecen después en el informe forense.
El horror de las torturas y tratos crueles e inhumanos fueron inocultables en el cuerpo del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo. Queda pendiente por investigar a la cadena de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluyendo a los superiores de esta instancia, el Ministro de la Defensa y el propio Presidente de la República
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