Rocío San Miguel cumple un año detenida: aún no la operan y tampoco le permiten tener defensa privada

Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, cumple un año detenida arbitrariamente en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas. Su caso, como el otros defensores de derechos humanos en Venezuela, ha estado rodeado de irregularidades y vulneraciones desde el inicio.

A un año de estar presa, su condición de salud se ha agravado: Rocío San Miguel espera por una operación en el hombro derecho tras haber sufrido una caída en su centro de detención hace seis meses.

Hasta la noche del 10 de diciembre de 2024, cuando un medio de comunicación publicó una foto donde se veía que recibía atención médica, se desconocía su estado físico. Ese día su abogado explicó que se había fracturado por una laberintitis que sufrió en su centro de reclusión y la hizo caerse.

Desde entonces, sus defensores y otros activistas, incluyendo la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), han pedido que se le otorgue una medida cautelar por razones humanitarias, pero no se ha concretado. Más bien, el silencio se ha impuesto.

Este 9 de febrero se cumple un año desde que Rocío San Miguel sufrió desaparición forzada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde estaba porque tenía previsto salir del país junto con su hija. Pasaron cuatro días para saber de su paradero hasta que Tarek William Saab, fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, confirmó que había sido apresada por presuntamente estar vinculada a la «Operación Brazalete Blanco».

La ONG Provea expresó que San Miguel fue acusada de “Terrorismo” y “Traición a la patria” «por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares».

Rocío San Miguel es una defensora de DDHH, profesora, madre española-venezolana que cumple 1 año encarcelada en El Helicoide, Venezuela, sin respeto al debido proceso.

Tiene una fractura en su hombro derecho y necesita operarse en libertad.

Exigimos #MedidaHumanitariaParaRocío… pic.twitter.com/LXwLJvQ1no

— PROVEA (@_Provea) February 9, 2025

A un año de su detención, Provea y otras organizaciones han denunciado nuevamente su caso para que no se olvide y también para que reciba la atención médica necesaria y bajo condiciones adecuadas.

«Rocío no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron 4 meses en diagnosticarla; en reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna», escribió Provea en un comunicado.

A la fecha, Rocío San Miguel no ha podido tener el acompañamiento de defensa privada. Su expediente es desconocido para sus abogados de confianza. El pasado 18 de diciembre de 2024, se conoció que la primera audiencia de juicio en su contra había sido pospuesta para el mes de febrero de 2025.

Uno de sus abogados, Juan González Taguaruco, explicó entonces que se difirió bajo el «argumento» de que San Miguel no fue trasladada desde su sitio de reclusión hasta la sede de los tribunales.

Hasta el 4 de febrero, la ONG Foro Penal registraba 1.196 presos políticos en Venezuela: Rocío San Miguel es una de las 116 mujeres detenidas y está en la lista de 300 personas que fueron apresadas antes de las elecciones del 28 de julio de 2024.

En distintos comunicados, el equipo de abogados de San Miguel y su hija han reiterado lo mismo: «Ella se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia».