Pago indexados al euro. Posibilidad de importar energía eléctrica de países vecinos. Diversificación del sector mas no privatización. Lo que trae la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de Venezuela
Pagos en euros y coexistencia con el servicio eléctrico público del país. Eso es parte de lo que contempla la nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, el pasado 10 de noviembre.
Quizás las tarifas indexadas al euro sea lo más llamativo de la reforma al ojo público, que fue impulsada por Delcy Rodríguez, presidenta interina, desde hace meses ante el deterioro del servicio, sobre todo en el occidente del país. Para la desesperación o dudas que esto puede generar, es importante decir: la ley solo entrará en vigencia cuando sea publicada la Gaceta Oficial, una información que aún es desconocida.
Aunque hay que esperar el documento oficial, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó algunos de los cambios. El Estímulo reúne aquí las claves de los anuncios:
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que las tarifas del servicio eléctrico privado estarán indexadas a la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela, que es el euro.
«Sí, van a estar indexadas a la moneda de mayor valor, pero también con un régimen de subsidios, sobre todo aquellas personas que por razones de su nivel de ingreso no puedan pagar una tarifa plena, como sí la pueden pagar los industriales», señaló.
La reforma incluye la creación de una superintendencia que se encargará de generar un reglamento que «no será solo sancionatorio». Según Rodríguez, la norma destacará «las bondades» de participar en este rango de la economía que desde el año 2007 dirigía el Estado.
La superintendencia regulará la prestación del servicio, el proceso de autogeneración, el proceso de tarifas correspondientes y controles sobre la red de distribución de energía eléctrica, que no deberá afectar al sistema público.
«En el régimen se establecen aquellas penalizaciones que se refieran a que no se cumpla con el servicio de manera adecuada, a que se afecte la distribución del sistema público de energía eléctrica, a que haya una oferta engañosa en ese proceso», aclaró.
Jorge Rodríguez resaltó que no se trata de una privatización, sino una «apertura para que el sector privado también pueda proporcionar el servicio de energía eléctrica, sobre todo a los grandes consumidores». De acuerdo con el presidente del parlamento, así el Estado podría concentrarse en mejorar el servicio para la población común, «sobre todo en las zonas del occidente del país».
«Esto es lo contrario (a la privatización). El Estado mantiene la obligación de atender la prestación del servicio de energía eléctrica, pero también puede entrar un privado que autogenere, instale una planta, que importe electricidad de algún país vecino y pueda proporcionarselo a una usuaria o usuario a una tarifa que está convenida en la ley», expresó.
Algo que Rodríguez reiteró es que el servicio eléctrico privado estará, sobre todo, dirigido a las grandes industrias, empresas y centros comerciales. No obstante, este último sector aplica medidas de reducción del servicio eléctrico desde 2009 a través de la generación de energía con plantas, según la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo).
Esta pregunta aún no tiene respuesta. Sin embargo, el gobierno interino ha firmado contratos con empresas internacionales para generar energía eléctrica, como General Electric e Impsa, que incorporarían 7.400 megavatios al servicio eléctrico.
El 8 de octubre, en una reunión con Fedecámaras, Delcy Rodríguez también afirmó Entonces, que en alianza con China, la unidad 6 de Planta Centro incorporaría 600 MW al Sistema Eléctrico Nacional para dar estabilidad a la región central y occidental del país.
