El Gobierno venezolano aplicará "con la fuerza cívico-militar" la Ley de Precios Justos, que permite ganancias no mayores al 30 %, anunció este jueves el superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez.
En un acto televisado y en compañía de autoridades militares, Méndez dijo que se va a aplicar esa ley «con toda la fuerza» y con «los inspectores populares en las calles».
La ley fue sancionada en febrero pasado y ahora el presidente del país, Nicolás Maduro, ordenó que se aplique con todo el rigor, reseñó la agencia de noticias Efe.
Méndez destacó el hecho de que tras la sanción de la ley arrancasen las protestas contra el Gobierno, que se extendieron hasta mayo y que derivaron en incidentes en los que murieron unas 40 personas.
La ley fue sancionada el 10 de febrero, al día siguiente los fiscales comenzaron la revisión de precios en los comercios para obligar a la reducción de precios en productos marcados con márgenes de ganancias superiores al 30 por ciento «y el día 12 de febrero arrancó la guarimba (las protestas)», recordó Méndez.
«La ingenuidad que cometimos nosotros fue aplicar una ley revolucionaria a un mercado acostumbrado a especular (…) y tratamos de aplicarla de la manera más institucional y sutil, pero ahora no; ahora con la fuerza cívico militar», insistió.
La ley forma parte de las iniciativas gubernamentales para hacer frente a lo que denomina «guerra económica», una ofensiva que el oficialismo achaca a la oposición para desestabilizar al Gobierno de Maduro y que en un último capítulo registra una ofensiva «contra el contrabando de extracción», principalmente hacia Colombia.
La directora del Departamento de Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yurima Gil, dijo hoy en la estatal Radio Nacional que 794 personas han sido detenidas desde que a mediados de agosto pasado el Gobierno lanzó una operación militar «contra el contrabando de extracción de productos de primera necesidad, combustible y material estratégico».
El contrabando se ha disparado ante el alto rendimiento que ofrece la compra de productos de la canasta básica en Venezuela, con precios limitados por la ley y el alto costo que tienen en Colombia.
Esa relación de ganancia se dispara en el caso del combustible, ya que llenar un tanque de gasolina de 50 litros en Venezuela cuesta medio dólar.
Venezuela arrastra una complicada situación económica con una inflación acumulada del 39% en lo que va de año y de más 60 % interanual, y una economía con síntomas de deterioro y muy golpeada por la escasez y el desabastecimiento.
Una nueva enmienda señala que no es delito la orientación sexual, pero sí los "actos", que pueden ser castigados con cadena perpetua. La legislación cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en el país, mayoritariamente cristiano, donde la población es muy religiosa y la comunidad LGBT sufre mucha discriminación
La ley, que forma parte de las reformas que el país prometió a Bruselas a cambio de fondos del megaplán europeo de recuperación económica poscovid, debe asistir a las personas que no pueden permitirse una vivienda, al limitar la especulación inmobiliaria e impulsar la oferta en las zonas llamadas "tensionadas" (con mayor demanda)
El fallo señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto a los representantes electos de los estados
