Las operaciones cambiarias en la frontera colombo-venezolana fue el «punto álgido» en la reunión ministerial de Colombia y Venezuela celebrada en Caracas para lograr acuerdos que permitan la normalización de la situación fronteriza, informó el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas.
«El punto álgido en toda la reunión y en las exposiciones es el tema de los cambistas de frontera», señaló el gobernador del estado fronterizo poco después de concluido el encuentro citado en Caracas.
El tema es una de las principales exigencias del Gobierno de Venezuela, que culpa a las casas de cambio colombianas que operan en la frontera de la devaluación de la moneda venezolana, para reabrir el paso entre ambos países cerrado hace más de un mes.
«Venezuela, de manera responsable, se niega a que el comercio con Colombia entre en esa masa que mueve grandes daños a la humanidad», añadió el gobernador en respaldo a la posición del Ejecutivo venezolano.
Colombia, dijo Arias Cárdenas, «debe oír» la petición de Venezuela de prohibir las operaciones de las casas de cambio que permiten el canje de bolívares por pesos o dólares a un valor distinto al establecido por el Banco Central de Venezuela.
En Venezuela existe un control de cambio desde 2003 que deja en manos del Estado la compraventa exclusiva de los dólares bajo estrictos controles.
Existe una primera tasa para la adquisición de productos prioritarios como alimentos y medicinas a 6,3 bolívares por dólar, la segunda para viajes y necesidades secundarias a 12 bolívares, y una tercera tasa para un sistema de libre flotación donde el cambio ronda los 190 bolívares.
Las casas de cambio colombianas ubicadas en la frontera colombo venezolana permiten el libre cambio de bolívares por pesos o dólares.
Así, a día de hoy un venezolano podría comprar un dólar a los operadores fronterizos por 633,26 bolívares basados en el valor especulativo del peso colombiano de 4,3 por bolívar.
El Gobierno de Nicolás Maduro atribuye a estos operadores la devaluación de la moneda venezolana, algo que el Gobierno colombiano ha desestimado.
Los dos países reabrirán próximamente embajadas y consulados, tras la ruptura en "la era Guaidó". En Paraguay viven hoy unos 5.300 venezolanos, según cifras de la ONU.
El objetivo principal de la visita será la evaluación del estado de tres edificios en Caracas -la embajada brasileña, la residencia del embajador y el consulado- cerrados hace más de dos años durante la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro.
El presidente Lasso, mediante un decreto ejecutivo, declaró el "estado de excepción por grave conmoción interna", debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen
