Economía

Los robos del sagrado derecho a la alimentación

Sin éxito aparente, el Gobierno busca frenar la desaparición de más de 40% de la canasta alimentaria por medio de presupuestos multimillonarios y arrestos a cabecillas de entidades del sector público. Mientras tanto los anaqueles se mantienen vacíos, las colas se alargan y las cifras de escasez se acumulan

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La seguridad alimentaria del siglo XXI se mancha de corrupción con el apresamiento de 40 funcionarios de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y la red de abastos Bicentenario, entre los que destacan el ex presidente de CVAL, Heber Aguilar; la ex presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González; y la ex directora de administración de CVAL, Bárbara Figueroa González arrestados el pasado sábado 24 de enero. Los directivos fueron acusados por peculado en la legitimación de capitales producto del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos hacia restaurantes, comedores, empresas de servicios y supermercados, donde los productos se vendían “a precios especulativos como parte del sabotaje económico“, precisó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López en Venezolana de Televisión (VTV).

Según el ministro, los corruptos “se apropiaron de los fondos públicos, usaban las jornadas a cielo abierto de estos organismos para simular ventas, realizar operativos con sobreprecio y desviar los alimentos”. Incluso, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) le incautó 10 millones de bolívares en efectivo a Figueroa en tanto se efectuaba el allanamiento a su residencia. En el marco de la misma “Operación Gorgojo” —como tituló González López a las pesquisas que buscan corruptos— se practicarán inspecciones técnicas en las sedes de estos organismos y diversos allanamientos residenciales con el fin de desmantelar estas organizaciones criminales.

Como este, muchos casos de corrupción relacionados con el sector alimentos han generado revuelo en la opinión pública y acciones por parte de las autoridades. El descubrimiento de 120 mil toneladas de alimentos en descomposición en Puerto Cabello, pertenecientes a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), generó tal revuelo que, aun sin los sondeos de “Operación Gorgojo”, se detuvieron a tres presuntos responsables en mayo de 2010: el entonces presidente de Pdval, Luis Enrique Pulido; y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt. Actualmente, siguen en libertad condicional con un juicio sin resolver.

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