El informe de la ONU (y VIII): Las ejecuciones extrajudiciales

Si en un campo se ha logrado detectar la existencia de patrones, por parte de los organismos internacionales, es en relación a las ejecuciones extrajudiciales por parte de los organismos policiales de Venezuela.

La existencia de un patrón corrobora que los casos no ocurren al azar, que no se produjeron por algún funcionario descarriado. El patrón deja en claro la existencia de una estructura organizada, con cadena de mando, que replica la misma actuación en diversos lugares del país.

El informe que presentó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de 2019, corroboró lo que venía siendo una denuncia de las organizaciones venezolanas. La Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, en su informe de septiembre de 2020, enfatiza las ejecuciones extrajudiciales como ámbito para determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Misión de Verificación de los Hechos, cuyo mandato ha sido avalado por el Consejo de Derechos de la ONU para que siga documentando lo ocurrido en Venezuela hasta septiembre de 2022, analizó las llamadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (OLP) y escrutó el rol jugado por los agentes de la Policía Nacional Bolivariana y su FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), así como el propio CICPC.

La FAES fue creada en abril de 2016 como una fuerza táctica de “élite” dentro de la PNB. Personal con experticia le aseguró a la Misión que en verdad se trata de un cuerpo “poco profesional y sin entrenamiento”. La actuación de las FAES compete por completo al mandato de Nicolás Maduro, ya que no existían antes de su gobierno.

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La Misión investigó 11 casos relacionados con 18 ejecuciones extrajudiciales, y asimismo más de 2.400 incidentes en los que se produjeron 4.681 muertes por parte de las fuerzas de seguridad policiales.

Entre 2014 y 2018, el CICPC fue la fuerza de seguridad más implicada en los casos (45,4%). Posteriormente, en 2019, el PNB/FAES fue identificado como responsable en la mayoría de los casos (64,5% de los casos).

Las víctimas tienen patrones definidos. En su mayoría eran varones jóvenes. Las víctimas masculinas se encuentran entre los siguientes rangos de edad: menores de 18 años (6%), entre 18 y 25 años (51%), entre 26 y 35 años (31%) y mayores de 35 años (11%). Sólo 27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos.

Los asesinatos se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el vecindario. En varios casos, la policía llevó a cabo las operaciones a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, en momentos en que las victimas probablemente se encontraban en su casa.

La policía ingresó a las casas sin presentar una orden judicial. Para asegurarse de que no hubiera testigos, la policía sacaba de sus casas a los familiares de la víctima, principalmente mujeres, personas mayores y niños y niñas, o los aislaba de la víctima en lugares separados de la casa.

Ante la Misión, una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la PNB/FAES aseveró que después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en comunicación directa con los superiores podría solicitar y recibir “luz verde para matar”. Matar correspondía al código “Ochentear (80)”.

Este dato resulta sumamente revelador. Los superiores estaban al tanto y autorizaban las ejecuciones.

Por otro lado, la Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax, con uno o dos disparos. Sin embargo, la versión oficial de los hechos en muchos casos fue que las víctimas fueron asesinadas en resistencia a la detención, en un enfrentamiento y/o durante un intercambio de disparos. Sin embargo, la Misión recibió pruebas directas que contradicen la versión oficial.

Familiares y vecinos de las víctimas corroboraron a la Misión de Verificación de los Hechos que en realidad las víctimas antes de ser asesinadas estaban ya bajo control de los uniformados, estaban o en la cama, en el suelo o con las manos levantadas.

Otro patrón detectado e igualmente revelador de que los agentes no actuaban por su cuenta, es la alteración de diversas pruebas (incluidas forenses) para alterar la escena del crimen.

En 723 de los casos examinados por la Misión, los familiares de las víctimas dijeron que la víctima no tenía antecedentes penales. En 67 casos revisados por la Misión, los medios de comunicación reportaron que la policía había ido a un vecindario a buscar a cierta persona o delincuente, pero había matado a otra persona por error.

Los efectivos de la FAES, PNB o CICPC también tuvieron otro patrón de conducta. Además de asesinar a sus víctimas dentro de sus casas o en el vecindario, aprovechaban el operativo para literalmente robar al occiso y sus familiares.

“Una denuncia que apreció en casi todos los casos investigados fue que los agentes de policía se llevaron bienes básicos (alimentos, ropa) y objetos de valor (dinero en efectivo, joyas, electrónica) de las casas de las víctimas mortales”, sostiene el informe de la Misión de la ONU. Se trata de otro patrón.