Enrique Márquez, excandidato presidencial de las elecciones del pasado 28 de julio, presentó este martes 20 de agosto una recusación contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por vínculos políticos con el Partido Socialista de Venezuela (PSUV) que comprometen su imparcialidad.
Márquez había anunciado que haría la consignación el lunes 19 de agosto mediante sus redes sociales y desde las afueras del TSJ indicó que la recusación es contra la presidenta de la sala electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez: «Esta solicitud de recusación se basa, principalmente, en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y mantiene con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el presidente de la República, Nicolás Maduro, accionante principal en esto».
El excandidato indicó que presentaron pruebas para demostrar que la presidenta de la sala electoral «no ha ocultado, ni en el pasado ni en el presente» sus vinculaciones políticas.
«Muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza, impartir justicia si no es imparcial. Ella está incursa en causales suficientes de vinculación política e imparcialidad como para ser recusada».
¿Qué ha solicitado Márquez después de las elecciones?
Márquez indicó que pudo entregar el documento, pero no recibió una carta de «recibimiento», sino que simplemente lo metieron en un libro. Dejó claro que lo mismo ha ocurrido con otros documentos que ha dejado en el TSJ.
En esa carta, Márquez también registró el mal manejo la falta de idoneidad de la presidenta de la sala electoral para desarrollar del proceso de la causa: la experticia de las elecciones.
El excandidato reiteró las denuncias que lo llevaron a este punto:
- La falta de acceso al expediente de parte de quienes fueron candidatos; la ausencia de constancia escrita de la recepción de tres documentos que han consignado y tampoco respuestas de las preocupaciones sobre los resultados del 28 de julio.
- La imposibilidad de presentar testigos en las experticias que se han desarrollado; la imposibilidad de presentar expertos. «Si es una experticia judicial, que se constituye como prueba, las partes tienen derecho a presentar expertos. Ellos deben ser convocados. Insistimos en eso, pero las peticiones han sido olvidadas».
- Desconocimiento del proceso que se está llevando: «No lo conocemos. En la ley del TSJ aparece un procedimiento para el desarrollo de un recurso contencioso electoral, pues este procedimiento no se parece en nada a lo que se está llevando a cabo. La sala ha inventado un proceso que no conocemos».
«Si el TSJ no tiene nada que ocultar, si el CNE no tiene nada que ocultar, si el gobierno no tiene que ocultar, ¿por qué no permite que los partidos y candidatos observen y atestigüen lo que está ocurriendo en la experticia correspondiente? Es gente que uno no conoce, con tapabocas y casi con un pasamontañas y nadie sabe lo que está haciendo realmente», expresó.
Prosigue: «Este proceso solo genera más dudas, más inconformidad en el pueblo, nuestro llamado es político. Tenemos que salir con una solución política y nosotros vemos que no hay intención. Este proceso está en lo oculto y hay que denunciarlo».
«Ellos están incursos en un delito tipificado en el Código Penal que tiene que ver con un atentado y una conspiración contra las formas políticas que se ha dado en la República Bolivariana de Venezuela, una forma política que recae sobre el sufragio, esa es la madre de todos los poderes públicos y si no está claro, entonces están temblando».