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¿Elecciones inclusivas, transparentes y creíbles para Venezuela?

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó el martes 10 de marzo una actualización oral de su informe sobre Venezuela, en la que pide se realicen elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Por: Froilán Barrios

¿Elecciones inclusivas, transparentes y creíbles para Venezuela?

Michelle Bachelet, la alta representante de la ONU, manifestó que espera en el país se logren los acuerdos políticos necesarios para que se genere la renovación del CNE. La idea es que estos convenios permitan celebrar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles en Venezuela.

Propósito deseable que se contrapone con el resto del Informe de la acreditada funcionaria de la ONU, cuando denuncia adicionalmente una ristra de 15 puntos suficientemente justificados de reclamos ante las violaciones contumaces de una tiranía que plantea elegir un nuevo CNE y, simultáneamente, confronta policialmente las marchas opositoras y acosa ferozmente a diputados, periodistas, sindicalistas, ONG, manteniendo a centenares de presos políticos civiles y militares en condiciones infrahumanas.

El documento resalta la escalada de tensión política en el país y la continuidad de la crisis que impacta a los venezolanos, cuya dimensión reviste tal magnitud que no es solucionable solo con la designación de un nuevo CNE, sino que el Poder Electoral debe designarse acorde con la norma constitucional y ser capaz de abordar la crisis política más aguda de nuestra historia republicana, que derivó en la ruina social y económica de todo un país.

Por tanto, no es solo realizar un proceso electoral, sino qué decisiones políticas define el organismo que conduzcan a la renovación de los poderes públicos y a la legitimación institucional, hoy cuestionada por una población que rechaza en porcentajes contundentes -mayores a 80%- al régimen gobernante. Si continuara ese nuevo CNE el detestable papel de comparsa del régimen, terminará en el muladar de la historia y se agudizará la confrontación política.

De allí la disyuntiva de los nuevos rectores: si optan por arrodillarse ante los partidos que los postularán o, por el contrario, escuchan la voz del pueblo calificada también como divina, que les exigirá responsabilidad suprema, ya que tomar las de Villadiego para subestimar la aspiración popular a superar este apocalipsis, sería brindarle oxígeno a un régimen agónico, repudiado y execrado como lo es el coronavirus a escala universal.

Si sucediera, como rumoran los entretelones y paredes del hemiciclo, que el acuerdo político entre el G4 y el régimen es solo para unas elecciones parlamentarias, significará el suicidio político de la autocalificada alternativa democrática, ya que permitiría legitimar al régimen de facto hasta 2025. De consumarse esa maniobra palaciega, le corresponderá a la sociedad civil asumir posiciones firmes de relevo, ante la incertidumbre generada por la incapacidad opositora.

El mantra propuesto por el presidente interino debe reorientarse a una política que proponga elecciones generales en un contexto de cese de la usurpación. Pensar en renovar el parlamento creyendo ser propietario de 80% de la conciencia de la población que rechaza a la tiranía es una vana ilusión, como lo es la manipulación rastrera de difamar a la abstención de ser la culpable de los desaguisados de 2017 y 2018, lapso en que se gestó y consumó la actual liquidación del orden constitucional.