Los delitos de la Guardia Nacional: del robo al tráfico de drogas

El 19 de mayo, cuando apenas despuntaba el sol, corrió un revuelo en las instalaciones del destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en San Fernando de Apure. Había desaparecido un fusil AK103 asignado a un sargento primero que, además de escolta de otros sargentos de esa misma unidad, era vigilante de las personas que permanecen detenidas en la instalación por distintos delitos. La sustracción del arma presumiblemente ocurrió cuando el uniformado que la utilizaba la guardó luego de finalizar su turno.

Tres sargentos de la Guardia Nacional fueron detenidos mientras se llevaban a cabo las averiguaciones. Otro militar, de apellido Conde, desapareció del cuartel. La presunción de que podía tener el arma fue confirmada por uno de los investigados, que supuestamente decidió delatarlo tres días después.

A partir de entonces se inició una cacería que llevó a los investigadores hasta la población de Calabozo, en Guárico. Allí se solicitó la ayuda de la policía municipal para vigilar todas las entradas y salidas de la población, en la búsqueda de un Ford Fiesta que supuestamente era usado por el guardia en fuga.

Luego de las 2 pm los policías municipales alertaron a la GN que los ocupantes del vehículo compacto fueron avistados cuando iban a encontrarse con otros hombres que viajaban en una camioneta Hyundai Tucson azul. Eran presumiblemente integrantes de la megabanda conocida como “Tren de Aragua”. La venta del fusil a los delincuentes fue abortada cuando uno de los guardias que participaba en la negociación quiso desistir a última hora. Ya ellos sabían que la sustracción de un arma de guerra es un delito militar, y que probablemente la fiscalía castrense adelantaba una pesquisa contra todos los uniformados que estaban esa noche en el destacamento.

En ese momento se escuchó una detonación en el interior del Fiesta. De la cabina del auto salió herido el sargento primero Jesús Álvarez, quien fue atendido en el servicio médico de una instalación militar. El sargento Conde, de 25 años de edad, optó por entregarse días después ante un fiscal del Ministerio Público Militar en Guárico. Iba con su mamá y otros familiares. Pero del fusil no se tienen mayores pistas. Solo que fue entregado a un antisocial conocido como Omar.

Este es apenas uno de los 31 casos conocidos durante el primer semestre en los que aparecen implicados efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) actualmente posee más de 60.000 integrantes, incluidos los miembros de la llamada Guardia del Pueblo, una unidad creada para que labore como “policía de proximidad”.

Las cifras sobre los efectivos de la GNB procesados por diversos delitos son un secreto. No obstante, una revisión de todos los partes enviados por el Ministerio Público y de diversas minutas conocidas de manera extraoficial revela que fueron aprehendidos por lo menos 89 uniformados.

La estadística, aunque parcial, hace de la GN el cuerpo de seguridad y castrense que más efectivos ha perdido por detenciones durante el primer semestre del año. Lo sigue de lejos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 66.

Expuestos a las tentaciones

La GN juega un papel fundamental en los planes de seguridad del Ejecutivo. Solamente en Caracas son desplegados por el comando de zona más de 1500 efectivos cada vez que se anuncia una operación Liberación del Pueblo, o en cualquiera de los dispositivos para la vigilancia de la ciudadanía durante asuetos como Carnaval o Semana Santa. Esto hace que sus integrantes estén más expuestos a la comisión de ilícitos que los de otros componentes. La mayor parte de las detenciones reportadas entre enero y junio, 31 caso, fue por homicidio. Los otros delitos más atribuidos a los guardias fueron hurtos y tráfico de drogas, 17 y 12 respectivamente. También hubo siete detenidos por extorsiones e igual número por robos genéricos.

La GN además ha sido criticada por su actuación sesgada. Por ejemplo, sus efectivos fueron grabados por aficionados cuando juntaron fuerzas con miembros de colectivos para atacar a manifestantes y periodistas en la avenida Urdaneta, el 2 de junio. También cuando se excedieron en el rigor de trato al presidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos, y le revisaron su equipaje en el aeropuerto Caracas cuando regresaba de Estados Unidos.

El parlamentario indignado observó que los guardias no aplican la misma receta cuando llegan otros generales y miembros del oficialismo. “A ustedes la gente ni les tiene miedo, ni los quiere ni los respeta. Pusieron a la Fuerza Armada por el suelo”, les increpó en las mesas de revisión.

El comandante de la fuerza Néstor Reverol —recientemente sustituido por el general Antonio Benavides— calificó de “cobardía” los señalamientos de Ramos. “Es muy fácil envalentonarse, acusar de contrabandistas y periqueros a nuestros funcionarios”, declaró. Reverol, sin embargo, está consciente de las consecuencias que ha traído el crecimiento desproporcionado de las filas de la GN. Luego de su designación para la comandancia general de la fuerza, en octubre de 2014, exhortó por escrito a los distintos jefes de unidades para que aplicaran mecanismos más rigurosos a la hora de captar y seleccionar nuevos reclutas.

Ese mismo año corrió en varias dependencias del componente un radiograma: “Este comando ha observado con preocupación a oficiales y guardias nacionales involucrados en hechos de corrupción y otros actos contrarios a la moral y las buenas costumbres que deben caracterizar a quien decide seguir la honrosa carrera de armas”. El texto ordenaba a los jefes de esas unidades llevar a cabo “todas las acciones de comando” necesarias para que tales hechos no se repitiesen.

Tal parece que el mandato no fue escuchado. En junio, cuatro efectivos de ese cuerpo adscritos a la unidad Antidrogas del aeropuerto de Maiquetía fueron detenidos por tener una supuesta participación en el traslado en un jet de Aeroméxico de 600 kilos de cocaína. Otros cinco guardias quedaron tras las rejas en Zulia, cuando supuestamente intentaban llevar a Colombia miles de litros de combustible.

También hay guardias involucrados en delitos que no tienen ese grado de organización. En un peaje de Táchira, la policía regional apresó a los guardias del pueblo Jesús Alberto Cañizárez y Carlos Julián Rivero, quienes supuestamente tenían en su poder un teléfono celular robado recientemente.

Instancias sin control

Según el general retirado de ese mismo cuerpo Régulo Díaz Vega, la GN padece severos problemas de control en la actualidad. Este oficial, quien llegó a ser subcontralor general de la FAN, señaló que las medidas correctivas se toman “cuando es descubierta o denunciada una operación” ilegal. “Hoy en día, como todos son cómplices necesarios, se tapan unos con otros. Nadie, por lo menos, pregunta al subalterno por qué tiene un teléfono de última generación”, sostuvo.

Indicó que la fuerza posee mecanismos institucionales para prevenir los ilícitos, pero que se encuentra “cooptados” por la jerarquía. “Hay un primer órgano de control que son los consejos disciplinarios. Actúan a pedido de los comandantes naturales del pelotón, la compañía o el destacamento cuando la falta cometida excede la capacidad de sanción permitida a esos comandantes. Pero en la actualidad, como hay conchupancia superior/subalterno este mecanismo de sanción está disminuido”, explicó.

Un general de división ya retirado, que llegó a ocupar altos cargos de esa fuerza, dijo a condición de anonimato que el incremento de detenciones en esa fuerza tiene una relación directa con la falta de filtros en las etapas de reclutamiento y selección. “El sistema educativo de la GN fue violentado. Antes, para ser un guardia debía ser bachiller y pasar año y medio en las escuelas de guardias. Esto fue obviado en los últimos años al crear la Guardia del Pueblo, que son reservistas con pocos meses de formación y los lanzan a la calle, sin habérseles efectuado pruebas de selección”, alertó.

Son estos guardias los que engrosan la lista de detenidos en delitos contra la propiedad. En marzo, por ejemplo, dos sujetos robaron una moto en San Fernando de Apure. Pero el vehículo se les apagó poco después. Cuando otros guardias los apresaron se dieron cuenta de que uno de los asaltantes era un sargento primero, de 25 años de edad y compañero de su propio cuartel.

Otros terminan aliados a algunas de las megabandas que han surgido en todo el país. Tal fue el caso de Willy Solórzano, de 26 años de edad, egresado de la escuela de orden público de la GN en Cagua, quien fue detenido en diciembre de 2014 y enviado a Ramo Verde porque supuestamente era cuñado de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la banda “Tren del Llano”. La fiscalía militar le imputó rebelión, pero los defensores del guardia lograron convencer al juez militar de que la banda del Picure no era un movimiento armado contra la estabilidad del país sino un “azote para las comunidades del municipio Mellado de Guárico”. Este argumento fue comprado y Solórzano fue condenado por delitos contra la seguridad de la FANB, previa admisión del cargo.

Hoy Solórzano cuenta los días en Ramo Verde para salir en libertad.