Chavismo se alía con privados para sostener 13 empresas expropiadas

El Gobierno de Nicolás Maduro otorgó permisos a empresarios privados para que administren al menos 13 empresas de alimentos que expropió Hugo Chávez, informó Reuters.

12 personas involucradas dijeron a la agencia de noticias que la alianza se generó para mejorar las condiciones de operación a las que llegaron bajo la gestión del chavismo.

Reuters confirmó que aunque la administración de Maduro mantiene la propiedad empresas en estados críticos, desde 2019 ha otorgado licencias de las operaciones a terceros a cambio de un pago para responder a las sanciones impuestas por Estados Unidos y el colapso económico».

«Es otro ejemplo de cómo Maduro ha hecho retroceder elementos clave del modelo económico dirigido por el Estado de su predecesor Hugo Chávez», señaló Reuters.

No obstante, economistas han afirmado que dicho cambio transforme «drásticamente la productividad agrícola después de una década de subinversión y una economía destrozada por años de hiperinflación».

¿Cuáles son las empresas?

Una de las empresas involucradas es la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, que produce harina de maíz y se expropió hace 11 años.

De acuerdo con Reuters, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a unos 16.000 dólares mensuales.

También está incluida Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, y puso oficinas en dos estados bajo gestión privada. Sin embargo,  dos fuentes dijeron que la empresa expropiada sigue teniendo problemas para entregar los productos que necesitan los agricultores.

Agropatria no respondió a una solicitud de comentarios.

En manos privadas, pero aún sin operaciones

Reuters comprobó que cuatro ingenios azucareros ubicados en el corazón agrícola -parte de un grupo de 10 nacionalizados en la era de Chávez- permanecen inactivos a pesar de haber contratado las operaciones a empresas privadas.

Uno de ellos es el ingenio Pío Tamayo, que ha estado bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021. Sus trabajadores se quejan de la paralización de las operaciones y del retraso en el pago de los salarios.

«Iban a invertir en las instalaciones y en materia prima, lo que no ha ocurrido», dijo el empleado Noel Quetel en una entrevista.

Consorcio Veinca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Dar insumos para los CLAP

Uno de los aspectos que señalaron las fuentes es que «los operadores privados deben asumir los costes de las nóminas y financiar las inversiones, y destinar parte de su producción a los programas estatales de distribución de alimentos».

Estos acuerdos están amparados por la «ley antibloqueo», cuyo objetivo es reactivar la economía en respuesta a las sanciones.

Los funcionarios del Estado describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».

«Las alianzas estratégicas se crean para que (las empresas privadas) sean las que manejen las (empresas estatales)», dijo Rafael Calles, gobernador del estado agrícola de Portuguesa, en una entrevista. «Ninguna de estas alianzas implica la venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado».

Calles afirmó que Portuguesa recibe alrededor de 60.000 dólares al mes de las empresas que operan las firmas nacionalizadas, y agregó que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.

El Ministerio de Información, el Ministerio de Agricultura, Pronutricos y Alimentos El Maizal no respondieron a las solicitudes de comentarios que solicitó Reuters.

Con información de Reuters