El 26 de noviembre, la Corte del Distrito de Columbia, Nueva York, ratificó el pago de $740 millones a la empresa minera Gold Reserve por parte del gobierno venezolano, que en 2009 se negó a renovar la concesión otorgada para el proyecto aurífero Las Brisas y Chocó 5. "Venezuela ha evitado intencionalmente servir" este compromiso, señala la firma en un comunicado.
El texto detalla que desde la confirmación del pago en noviembre, Venezuela tenía 60 días para cancelar el monto fijado. «Como resultado de su negativa a aceptar el pago, el 31 de diciembre de 2014 la compañía inició el trámite en concordancia con la disposición legal del Código de Estados Unidos y el Convenio de la Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial», indica el comunicado.
La Cancillería venezolana confirmó haber recibido los documentos el 8 de enero de 2015 mediante una carta enviada el día 26 de mes. En la carta, Venezuela impugnó la validez del pago con lo que Gold Reserve consideró «objeciones irrelevantes». «Por lo tanto, la compañía considera que Venezuela fue correctamente atendida el 8 de enero», señala.
Como resultado, tomando en cuenta que el período de 60 días expiró, la compañía solicitó el 26 de marzo a la Corte del Distrito de Columbia introducir un default -cesación de pagos- contra Venezuela, sobre la base de que, como mostró la carta de la Cancillería, los documentos fueron debidamente recibidos.
La Oficina de la Corte del Distrito de Columbia concordó con la posición de la empresa e introdujo el reclamo al día siguiente. Sin embargo, la defensa de Venezuela solicitó una comparecencia con el propósito de oponerse a la solicitud de default y pidiendo que se deje de lado. Gold Reserve respondió, y el asunto será decidido por un juez en el futuro cercano.
«La compañía reafirma su compromiso a reforzar y cobrar esta compensación, incluyendo los costes e intereses (…). La sentencia continúa aumentando intereses a la tasa Libor más 2% anual», concluyó el comunicado.
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Los acreedores de Venezuela están montando los casos para tratar de cobrar compulsivamente las acreencias que mantienen contra el Estado. Los casos son incontables.
ConocoPhillips anunció que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y dos de sus subsidiarias le deben 2.040 millones de dólares, como resultado de la decisión de un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
La empresa norteamericana Kimberley Clark acudió al Banco Mundial para solicitar el inicio de un procedimiento de arbitraje contra Venezuela, por la expropiación de su planta de fabricación de pañales y pañuelos desechables ubicada en el estado Aragua. El Centro Internacional de Arreglo de Indemnización de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, publicó en su página web la solicitud de Kimberley Clark realizada el pasado 17 de abril y, la cual se encuentra pendiente de ser procesada.
