Sin cifras económicas oficiales arranca 2016

La práctica de no dar a conocer estadísticas no es nueva para el gobierno de Nicolás Maduro, que ya desde 2014 hacía pruebas como fueron los casos de la balanza de pagos o de la escasez. Pero se podría decir que en 2015 la institucionalizó como una política más de su administración.

Los agentes económicos, que también incluyen al ciudadano común, se vieron sin data oficial que les permitiera planificar o presupuestar. No se trata de un problema que afecta solo a las empresas, sino a las amas de casa, a los estudiantes, a los trabajadores. Y a los economistas cuyas proyecciones no parten de una base oficial actualizada.

Si bien los distintos organismos encargados de divulgar datos económicos ya no lo hacen, el trabajo se sigue haciendo. Los encuestadores están en la calle recopilando la información que el gobierno esconde, mientras el país entero padece una realidad inocultable: una acelerada inflación que se va comiendo la capacidad de compra, una muy estrecha oferta de bienes y servicios que mantiene a buena parte de la población haciendo colas y a otra participando del bachaqueo (reventa de productos subsidiados la mayoría de las veces) directa o indirectamente y un aparato productivo llevado a su mínima expresión resultado de los excesivos controles de precios y de cambio.

La obligación constitucional de suministrar indicadores ha sido deliberadamente obviada, pero no por ello las instituciones se eximen de su responsabilidad.

Transparencia Venezuela, una organización sin fines de lucro, dedicada a prevenir y disminuir niveles de corrupción, recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de abstención contra Nelson Merentes, presidente del BCV, por ocultar variables económicas para mantener informado de manera oportuna y confiable al Ejecutivo nacional y demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y extranjeros y a la población acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos de su directorio.

No solo en Venezuela se desconoce el comportamiento económico del país, sino también fuera. Inversionistas internacionales sufren igualmente por la escasez de data oficial. Así el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres durante el viaje que hizo a Nueva York, a donde acompañó al jefe de Estado a la asamblea anual de la ONU, se reunió con representantes de los mercados financieros a quienes presentó cifras hasta septiembre de 2014.

En octubre el gobierno presentó un proyecto de ley de presupuesto que omitió parte del comportamiento económico esperado para 2016 y no reveló los números de 2015. Sin embargo bastó la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional para que la ley fuera aprobada en el seno del parlamento

Aunque Maduro insista en ocultar los resultados de la crisis, la peor de la historia contemporánea del país, organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hacen públicas sus proyecciones de inflación y crecimiento. Para este último indicador el FMI calculó 10% de contracción en 2015 y otra caída, pero de 6% para 2016.

Mientras el petróleo -principal proveedor de divisas al país- sigue en caída libre (por estos días por debajo de $30 el barril de la cesta venezolana), Venezuela se hunde en la recesión.

Para los analistas económicos es inevitable un ajuste económico este año, a pesar del empeño de Maduro en responsabilizar a una supuesta guerra económica de la crisis.

Y es que hasta voceros del oficialismo como los economistas Ricardo Sanguino y Jesús Faría se han mostrado a favor de revisar los controles de precios y de cambio y el segundo de ellos -diputado a la Asamblea Nacional hasta el 5 de enero- pidió al BCV, tras la derrota electoral del 6 de diciembre, que publicara las cifras.

Pero el llamado desde diversos sectores de la sociedad para que se divulguen los indicadores de desempeño económico, es ignorado. El 30 de diciembre el BCV no emitió su acostumbrado comunicado, por primera vez.