La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Mármol de León, dio un análisis en una entrevista para VivoPlay sobre los hechos suscitados en la Asamblea Nacional en los últimos días en materia económica.
Sobre el Decreto de Emergencia Económica, emitido por el presidente Nicolás Maduro el pasado 14 de enero, Mármol expresó que «es un descaro, ahora es que se dan cuenta que estamos en crisis». Como primer paso, la jurista indicó que el gobierno debería devolver el dinero que se han llevado de Venezuela.
Para la exmagistrada, el decreto, que está en período de discusión hasta el viernes 22 de enero, no debe ser aprobado por los diputados porque pretende ir contra la potestad que tiene la Asamblea Nacional de pedirle al Presidente cuáles son los lineamientos de su política económica. «Es como una Habilitante y no recomiendo su aprobación», indicó.
Sobre la designación de 13 magistrados del TSJ y 21 suplentes el pasado diciembre, la abogada enfatizó que se debe hacer una nueva convocatoria para que esos cargos lo ocupen personas que sí cumplan con los requisitos legales. Además afirmó que hay magistrados atemorizados y agradecidos, unos por miedo a ser destituidos o ir presos y otros, porque están dispuestos a acatar las decisiones del gobierno por el cargo.
El presidente Nicolás Maduro se otorga mayores poderes sobre la economía con un nuevo decreto de emergencia de 60 días, prorrogables, que se conoció este miércoles en la Gaceta Oficial 41.478 y que supone prerrogativas supremas para gobernar este país hundido en una feroz crisis económica y social que el gobierno se empeña en negar.
El Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 3.308, de fecha 09 de marzo de 2018, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.357, que prorroga por 60 días, el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el país.
El Ejecutivo nacional extiende por duodécima vez su mandato para gobernar por decreto de emergencia ampliando sus facultades e incorporando mecanismos para satisfacer las necesidades esenciales para la vida, según señala el decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 6.356 del 9 de enero.
