La Ley para Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, promovida por el diputado de la bancada opositora Julio Borges, prevé evaluar la productividad de las empresas en manos del Estado.
El proyecto, aprobado en primera discusión por la mayoría opositora, no contó con el aval de los parlamentarios del oficialismo, quienes lo califican de ley «privatizadora». Temen que con su aplicación se revierta el carácter público de empresas como Cantv y Pdvsa, cosa que niegan los representantes del bloque de la Mesa de la Unidad Democrática.
Tanto el diputado Ricardo Sanguino como Julio Chávez, ambos del Psuv, aseveraron que los trabajadores protestarán la promulgación de esta legislación en las calles.
Sanguino, ex presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Social, advirtió que los promotores del proyecto «van a encontrar a una clase obrera y trabajadora organizada dispuesta a defender logros obtenidos en Revolución». Afirmó que una ley como esta no tiene justificación, debido a que el Estado «solo aporta 30% de lo que se produce en el país» y exhortó a la población a impedir su aprobación y aplicación.
El diputado Enrique Márquez (Unidad) respondió a los alegatos del oficialismo. «No le tenemos miedo al argumento de la privatización, porque no es la verdad», dijo durante su intervención en la plenaria.
Por su parte, Julio Borges afirmó que la «ley no habla de privatizar sino de poner a producir a lo que no produce como las 500 empresas en manos del gobierno».
En declaraciones a El Estímulo a las afueras del hemiciclo, Borges indicó que el interés fundamental de la ley es que «haya señales de confianza, de que tenemos una economía distinta».
Indicó que, según un reciente sondeo de Datanálisis, el proyecto que más tiene aceptación es la Ley para Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. «A mí me sorprendió, por encima de la ley de cestickets para los jubilados y pensionados, amnistía, la ley de misión vivienda», dijo.
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Con información de Andrea Hernández.
El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó que el oro del Arco Minero fuera extraído para enviarlo a Turquía "sin ningún tipo de control".
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