La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia la Reforma Parcial de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, sancionada por Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el 9 de agosto de 2016.
El argumento esgrimido por la instancia judicial es que el instrumento legal fue dictado en desacato a decisiones emanadas del TSJ, además de otras violaciones al ordenamiento jurídico, entre ellas, la desviación de poder que viene materializando la AN en varias de sus actuaciones.
El TSJ declaró inconstitucionales y, por ende, nulos, los actos emanados de la AN, incluyendo las leyes sancionadas, desde el 28 de julio de 2016, fecha en la que se incorporaron en su seno los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación como diputados está suspendida mientras se decide la impugnación del proceso electoral, lo que configuró un desacato a la sentencia N° 108/2016, dictada por el máximo tribunal en Sala Electoral, reseña una nota de prensa.
El TSJ ordenó remitir copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República, en razón de los posibles ilícitos que pudieran derivarse de los actos producidos en el parlamento en contra del ordenamiento jurídico vigente.
El presidente Nicolás Maduro introdujo la solicitud el 19 de agosto ante la existencia de serias dudas de la validez y eficacia del acto de sanción de la referida ley por la Asamblea Nacional, en virtud de lo establecido en la decisión N° 108 de la Sala Electoral de fecha 01 de agosto de 2016, en la que declaró a ese órgano legislativo en desacato por «la violación flagrante del Orden Público Constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Ygarza, Guarulla y Guzamana, representantes del estado Amazonas, en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos».
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó este jueves 8 de noviembre la primera sentencia, de n° 1112 por la Sala Político Administrativa del poder judicial, que adopta a la criptomoneda venezolana, petro, como una unidad de cuenta para pago de indemnizaciones por daño moral
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la puesta en marcha de la medida "Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro", con el objetivo de actuar como un órgano judicial pertinente que pueda proteger el valor de los montos que sean fijados como indemnización por daño moral.
