Cámara de Caracas exige restituir legalidad en Venezuela

«A lo largo de esta larga coyuntura hemos apostado a la resolución institucional de las dificultades, entendiendo que los líderes deberían subordinar cualquier tipo de interés particular al logro del bienestar general», señala el comunicado de la Cámara de Comercio.

La institución sostiene que «la situación del país nos reclama a todos por igual que transformemos preocupaciones en acciones transformadoras. La perturbación de la institucionalidad democrática, la distancia irreversible que el gobierno ha tomado de los límites constitucionales, la obcecación asumida en relación con una política económica que solo produce más pobreza, más desinversión y más incertidumbre, la inseguridad ciudadana que ha desbordado cualquier límite soportable, y el evidente descontrol social que todos sufrimos, deberían hacernos reflexionar sobre la necesidad de conseguir una solución estable a lo que ahora solo parece inestabilidad y turbulencia».

Por su parte, Cedice Libertad condena enfáticamente el quebrantamiento definitivo del Estado de Derecho en Venezuela, luego de un proceso progresivo pero indetenible de deterioro de las formas y prácticas republicanas que ha vivido el país desde 1998.

«Este deterioro llegó a su punto culminante el pasado jueves con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de congelar de manera indefinida la realización del referendo revocatorio presidencial obedeciendo órdenes de tribunales penales estatales, que a su vez respondieron a dictámenes políticos de gobernadores integrantes del partido de gobierno».

A continuación los otros puntos que enumera la Cámara de Comercio en su pronunciamiento:

-Es innegable que vivimos una dramática crisis de gobernabilidad. Es obvio que el modelo político y económico del socialismo del siglo XXI está agotado. En lo político no ha producido la convergencia necesaria para gobernar sin apelar a la represión, la exclusión y la práctica constante de la crispación. En lo económico es notable el derrumbe de la producción y la imposibilidad, dentro del modelo, para resolver la inflación y la escasez. En lo social priva el miedo, la incertidumbre y la desesperanza. No hay país que pueda salir del abismo en estas circunstancias.

-La Constitución vigente ofrece un conjunto de opciones para resolver este tipo de coyunturas. Sin embargo, ninguna de ellas luce posible si las instituciones públicas desconocen el talante democrático y republicano del pacto social vigente. La paz social se ve obstaculizada si los que ejercen el poder prefieren la vía de los hechos y la práctica de una legalidad espuria que surge del uso indebido de la fuerza. No es posible el ejercicio de ningún derecho ciudadano ante el evidente desapego de las fuerzas armadas al juramento de defender el estado de derecho y el imperativo de la libertad. La Constitución deja de tener sentido cuando la interpretación que se hace de ella aleja al país de cualquier posibilidad de resolución pacífica de los conflictos sociales. Y cuando los poderes públicos son captados por una parcialidad, y por lo tanto dejan de estar al servicio del país, subordinados a la ley, atentos a rendir cuentas de sus actos, y practicantes celosos de la probidad en el uso de los recursos.

-Todos los venezolanos hemos sido testigos indefensos de la denegación de cualquier camino constitucional y democrático para resolver nuestros problemas. El poder ejecutivo, judicial y el poder moral se han alineado para cancelar cualquier apelación a la soberanía, que reside en el pueblo, y que se expresa a través de la consulta electoral. El poder legislativo ha sido indebidamente asediado y desconocidas sus atribuciones, usando para ello cualquier tipo de iniciativas apuntaladas por el uso indebido de la fuerza. Las democracias no funcionan así. Los partidos políticos han sido diezmados. Se incrementa la nómina de presos políticos, y a los presos políticos se les niega el disfrute de los más elementales derechos humanos. El presidente ha intentado gobernar valiéndose de un decreto de estado de excepción que ha sido mantenido a pesar de que sus supuestos han sido impugnados y su legalidad ha sido sistemáticamente negada por el parlamento. Los regímenes que intentan gobernar a un país al margen de la legalidad, reprimiendo las libertades y negando los derechos ciudadanos no son democracias. Se llaman dictaduras. Y eso es lo que vivimos actualmente.

-La crisis política no transcurre al margen de la vida de los ciudadanos. La economía se ha desplomado. La inflación sigue rampante. La escasez es una vivencia insoportable que transcurre en colas sin fin. Las alternativas que ofrece el gobierno, los CLAP y ahora los centros de venta de productos importados, no son alternativas eficientes, sino la evolución de un régimen de racionamiento que viola cualquier análisis de sensatez y buenas prácticas. El sistema de mercado se ha envilecido, los derechos de propiedad no se están respetando, los comercios, industrias y empresas de servicios están siendo azotados por grupos que piden vacunas, imponen contribuciones y practican el vandalismo. No hay sector económico que no esté fuertemente resentido por el descalabro económico. Pero son las familias de los sectores modestos las que pasan penurias, incluso hambre. Son nuestras clases medias las que están siendo aniquiladas por una crisis que no se quiere resolver.

-Los problemas económicos del país solamente se podrán resolver en el marco de una nueva situación política. Los regímenes de planificación central de la economía son un fracaso. Las violaciones a los derechos de propiedad solamente conducen a la ruina. El intervencionismo solo provoca improductividad. Los controles de precios, costos y salarios solo engatillan el ánimo emprendedor. El capitalismo de Estado solo apuntala la corrupción, el gasto público y la debacle incluso de la empresa petrolera, ahora endeudada en extremos inmanejables. La confluencia de todos estos errores en el socialismo del siglo XXI nos ha colocado en la cola del mundo. Los estudios y encuestas advierten que este modelo de economía centralizada e intervencionista ha puesto al 15% de nuestras familias más pobres a comer basura, tiene a más de la mitad de la población económicamente activa en el sector informal de la economía y está devastando el capital de empresas del país.

-Venezuela no está condenada a vivir permanentemente en estas condiciones. Los venezolanos somos trabajadores, emprendedores, dedicados, resilientes y capaces de superar cualquier dificultad. En todos estos años hemos demostrado una fuerte vocación por la paz. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas suma su voz a la del resto de las instituciones para que se restaure la legalidad, se supere esta ingrata época de devastación de la libertad, y se respete la voluntad de los ciudadanos que exigen cambio político y un programa económico que les permita transitar nuevamente por la senda de la prosperidad fundada en el emprendimiento, el trabajo, la innovación, el compromiso y la productividad que solo son posibles dentro de una economía abierta y libre de obstáculos.