El cierre de los operadores cambiarios en agosto de 2015, medida que acompañó la clausura de la frontera por decisión del presidente Nicolás Maduro, afectó a más de 17 familias de la población tachirense de San Antonio. Hasta ahora, desconocen si podrán reanudar una actividad que por más de cuatro décadas representó un negocio de tradición familiar.
De acuerdo con Edison González, abogado penalista, el retiro de la licencia a los operadores cambiarios se trata de «una medida explosiva y coyuntural» que no responde a la realidad económica fronteriza, ya que desconoce al grupo de personas que por trayectoria se dedica a la actividad.
De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el gobierno solo permitirá a las casas de cambio ya existentes en la zona fronteriza la compra y venta de bolívares y pesos colombianos, más no a los operadores cambiarios.
Detrás de la administración de las casas de cambio –afirmó el jurista- existen intereses económicos muy fuertes. “La maquinaria que tenían preparada con las estaciones de servicio internacional era la fuente de los pesos y ya no la van a tener, tendrán que reestructurarse. Serán los enchufados quienes van a obtener este beneficio”, denunció González.
“¿De dónde se van a obtener los pesos para las casas de cambio ahora que el gobierno colombiano se ha negado a permitir el flujo vehicular para la compra de gasolina? Esa era la forma con la que el gobierno venezolano iba a obtener los pesos en la zona fronteriza. ¿Con qué pesos van a contar las nuevas casas de cambio para hacer la convertibilidad y quién la garantizará?”, se preguntó el también representante jurídico de los operadores cambiarios.
– Una propuesta incierta –
Para los representantes de la Asociación de Casas de Cambio de Cúcuta, los anuncios sobre este tema en la frontera venezolana son inciertos, partiendo del desconocimiento que existe en relación a su funcionamiento.
“Con las casas de cambio en la frontera venezolana se está hablando sobre algo hipotético. Nosotros seguiremos prestando un buen servicio a los venezolanos y a los colombianos”, dijo Yolanda Olarte, vicepresidenta de la asociación de cambistas profesionales del Norte de Santander, Colombia.
Aseguró que la medida no los afectará en nada, solo que en adelante tendrán que disponer de mayor capital de trabajo.
“Ahora estamos a la par, y por un millón de bolívares pagamos un millón de pesos, pero si es cierto que van a colocar el tipo de cambio a cuatro bolívares por peso, entonces hay que sacar tres millones de bolívares más. Será algo inesperado pero eso es solo una suposición”.
Estas han sido las reacciones en torno al anuncio del presidente Maduro del lunes 9 de enero sobre la autorización para que casas de cambio puedan transar pesos, como una acción para combatir lo que ha llamado las mafias cambistas que, en su opinión, se han dedicado a atacar el valor de la moneda desde Cúcuta y Maicao (Colombia).
La diferencia entre los operadores cambiarios, que ya existían en la frontera, y las nuevas casas de cambio radica en que los primeros solo atienden la demanda del intercambio entre pesos y bolívares, mientras que las otras tienen reglamentaciones más amplias porque pueden realizar otro tipo de negociaciones con diferentes divisas.
No han sido invitados, pero el vicepresidente de la Asociación de Operadores Cambiarios Fronterizos, César Sequera, señala que están dispuestos a formar parte de las nuevas casas de cambio.
De acuerdo con el representante de los operadores cambiarios, la tasa referencial con la que operarían las nuevas casas de cambio será fijada según el dólar Simadi. “De ahí es que se deduce que el precio del bolívar en relación al peso debe ser de cuatro pesos por bolívar”, precisó.
Cuando funcionaban como operadores de cambio, manejaban la misma tasa que se llevaba en Cúcuta, porque no contaban con los instrumentos logísticos ni jurídicos para poder operar a una tasa de cambio propia.
“Nos ponía en desventaja y sin ningún mecanismo para contrarrestar la tasa que se manejaba en Colombia. Ni de parte del Banco Central de Venezuela ni de ninguna otra institución financiera o Ministerio de Finanzas se recibieron divisas (pesos colombianos) para poder operar a una tasa mayor que la manejada en el vecino país”, indicó.
La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, exigió al gobierno nacional la reactivación de los operadores cambiarios, teniendo en cuenta que desde la medida que llevó al cierre de las referidas empresas se recurrió a la informalidad para cambiar pesos a bolívares o viceversa, contribuyendo a incrementar la distorsión monetaria.