“El asesor jurídico fue botado luego que realizar un informe donde explicaba a la Presidencia del banco que no era conveniente prestar dinero a Venezuela”, dijo una fuente cercana al Banco de Desarrollo de América Latina (antigua Corporación Andina de Fomento) y que prefirió reservar su identidad.
De acuerdo con los informantes, la orden de cesar la relación laboral de Sigwald llegó desde la propia presidencia del organismo y se ejecutó a principios de junio pasado, cuando el abogado fue conminado a abandonar sus oficinas de un día para otro, tras lo cual regresó a Argentina, su país de origen.
El hecho tiene sus orígenes en dos préstamos solicitados por el gobierno venezolano en marzo de este año por 400 millones y 60 millones de dólares, respectivamente, y que de acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, serían utilizados para cancelar compromisos de deuda con vencimiento en el primer trimestre.
Desde el Palacio Federal se recomendó a CAF no otorgar los fondos, argumentando que la deuda no sería reconocida pues no había sido avalada por el Parlamento a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró el desacato del ente legislativo y asumió prerrogativas que según la Constitución Nacional corresponden al cuerpo de diputados, como la aprobación del presupuesto nacional y de la Ley de Endeudamiento.
Estas habrían sido las razones esgrimidas por el asesor legal para no avalar los créditos solicitados por Venezuela. “Se estaba violando la Constitución y eso significaba que no había garantías de que el organismo recuperara los fondos otorgados. Sigwald solo estaba protegiendo los intereses de la CAF”, dijo uno de los informantes anónimos.
Tras el primer informe, el asesor jurídico había extendido la recomendación de no otorgar préstamos a ningún ente gubernamental como el Banco Central de Venezuela o Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social), entidades públicas que el Ejecutivo utilizaría para hacer nuevas propuestas de crédito.
“Solo así se pudo frenar que en aquella oportunidad que se otorgara el préstamo, pero no sabemos si después de botar al asesor jurídico se aprueben otras solicitudes”, comentó una de las fuentes.
Tras 25 años de exitosa gestión, el boliviano Enrique García dejó en marzo el cargo de presidente ejecutivo de CAF, que fue asumido por el economista y exministro de Economía y Finanzas peruano Luis Carranza Ugarte, elegido el 13 de diciembre de 2016 en reunión de Directorio celebrada en Bogotá.
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