La petrolera española Repsol habría firmado un acuerdo con el gobierno venezolano y la estatal Pdvsa que le permitirá recuperar el control operativo de sus actividades petroleras en el país, en un movimiento que reconfigura su presencia en el sector energético venezolano.
De acuerdo con información publicada por el Financial Times, el pacto contempla la restitución del manejo operativo de sus activos, así como la implementación de un sistema de pagos garantizados que busca evitar los problemas de impagos registrados en etapas anteriores.
El acuerdo se produce tras la expiración de un esquema firmado en 2023 que había permitido a la empresa mantener operaciones bajo condiciones especiales. Ese marco quedó sin efecto luego de decisiones de política exterior de Estados Unidos que afectaron las licencias de operación de varias compañías occidentales en el país.
¿A cuánto puede llegar la producción?
Las proyecciones de Repsol son ambiciosas. Según la información publicada, la compañía podría incrementar su producción en 50% en un plazo de 12 meses, lo que elevaría los niveles actuales de alrededor de 45.000 barriles diarios a aproximadamente 67.500 barriles por día, siempre que se mantengan las condiciones operativas y regulatorias necesarias.
El objetivo de mayor alcance del acuerdo contempla triplicar la producción en un horizonte de tres años, lo que situaría el volumen en torno a 135.000 barriles diarios.
Actualmente, la producción de la empresa se concentra principalmente en el yacimiento Petroquiriquire, donde Repsol posee el 40% de participación, mientras que el 60% restante pertenece a Pdvsa. Este campo, integrado por tres áreas terrestres, constituye el principal activo operativo de la compañía en el país y ha sido clave en su presencia histórica en Venezuela desde 1993.
Repsol pide un sistema de pagos claro
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la creación de un mecanismo de pago garantizado, diseñado para asegurar la compensación por la producción suministrada. Este esquema busca reducir el riesgo financiero asociado a operaciones en el país, luego de años en los que empresas extranjeras han enfrentado retrasos o impagos por parte del Estado venezolano.
El acuerdo no incluye, sin embargo, un compromiso explícito para saldar deudas acumuladas que Repsol estima en alrededor de 4.550 millones de dólares por conceptos de gas y petróleo no pagados.