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¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?

La oferta presentada por la república a los titulares de bonos de deuda nacional y de Pdvsa se enmarca en una estrategia para sumar a los tenedores de esos títulos al lobby en procura de flexibilizar las sanciones. La acción pretende también frenar una nueva ola de querellas judiciales en contra del país y de la petrolera estatal

¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?

En 1998, la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones. De ese monto, $ 23.000 millones eran acreencias de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa. En 2008, la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A partir de la suspensión de los pagos, en el año 2017, se ha estado capitalizando las cuotas vencidas. Por eso el monto de la deuda no deja de crecer.

Para finales de 2020, el endeudamiento se estima en más de $ 140.000 millones. En 20 años, la deuda se cuadruplicó y equivale a un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. En 2008 representaba 53 % de los ingresos externos y en 2020 lo que se debe supera en 1.900 % los ingresos por exportaciones.

¿Cómo pagar semejante cantidad en un país cuyo ingreso por exportaciones cayó de $ 92.000 mil millones a $ 7.000 millones y sus reservas internacionales se desplomaron de $ 42.000 millones a $ 6.000 millones? Venezuela cada vez extrae menos petróleo, el tamaño de la economía se ha reducido en casi 70 % y es azotada por una prolongada escasez y una voraz hiperinflación que ha empobrecido a 79 % de su población.

Oferta condicionada

A fines de 2017, el gobierno y Pdvsa dejaron de pagar la deuda. De acuerdo con la ley venezolana, el acreedor tiene un plazo de 3 años para demandar. Si no lo hace, pierde su derecho a reclamar. El gobierno, agobiado por juicios internacionales, quiere evitar otra ola de demandas. Por eso ha ofrecido a los bonistas dejar sin efecto la interrupción de sus derechos, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

  • Que el acuerdo lo firmen los bonistas que representen, al menos, 75% del capital que se adeuda.
  • Que los acreedores suspendan los litigios que buscan declarar vencidos los pagos pendientes o ejecutar el pago de capital e intereses.

El problema que se les presenta a los bonistas es que buena parte de esta deuda fue emitida bajo la ley del estado de Nueva York. Las cortes de esa jurisdicción reconocen como presidente de Venezuela a Guaidó. Entretanto, Maduro hace su oferta en el marco de la ley venezolana, que los acreedores internacionales también están obligados a cumplir.

Una movida estratégica

De allí que la oferta del gobierno forme parte de una estrategia para sumar a los tenedores de los bonos al lobby que hacen las trasnacionales petroleras ante el gobierno de los EE UU, para flexibilizar las sanciones. Cualquier acuerdo de restructuración, deberá contar con una autorización de la OFAC. La clave para entender esta jugada es que, por ahora, no se trata de pagar a los bonistas. Lo que se busca es evitar que estos activen más litigios en contra de la República y de Pdvsa.

Con el incentivo de mantener vigentes sus derechos ante las leyes y tribunales venezolanos, el gobierno busca que los tenedores de los bonos ejerzan presión sobre la Administración Trump y las cortes estadounidenses. El objetivo es que se flexibilicen las sanciones y se reconozca a Maduro como la contraparte con la que hay que negociar la reestructuración y el pago de la deuda pendiente.

Mutua conveniencia

Los bonos venezolanos han perdido más de 85 % de su valor y se rematan en los mercados financieros internacionales, que no quieren prestarle un centavo más a Venezuela. A ambas partes les conviene una reestructuración que, por un lado, reconozca el descuento que registran los mercados y, por el otro, permita cobrar al menos el valor residual que aún les queda. Si bien algunas de las condiciones para interrumpir la inminente prescripción de los derechos de los bonistas lucen difíciles de cumplir, tales como reunir al menos 75% de los poseedores de cada emisión y suspender reclamaciones futuras, se trata de una estrategia de Maduro para lograr su reconocimiento en las cortes de Nueva York y en los mercados financieros internacionales.

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