Argentina recibió la denuncia de víctimas mediante la Fundación Clooney, que recogió el testimonio de varias personas. Para avanzar, el fiscal judicial de este país pidió que se envíen exhortos a Venezuela, el apoyo de autoridades locales y la ONU
La primera oficina que abra la CPI en suelo americano estará en Caracas. Se trata de un hecho inédito en el hemisferio en la historia de dos décadas del tribunal de La Haya. En esta nota Andrés Cañízalez da algunas luces de lo que podría significar para los venezolanos
El chavismo ha ganado tiempo: Khan extendió el plazo para que el régimen establezca e informe a la CPI de procedimientos creíbles para sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. Estas son las reflexiones a profundidad del investigador Andrés Cañizález luego de conversar con especialistas en el área
Padrino López fue ratificado en el cargo el pasado 24 de junio por un año más. Desde que el dictador Juan Vicente Gómez creó el ejército moderno de Venezuela, exactamente hace un siglo, en 1921, nunca una misma persona había permanecido tantos años al frente del ministerio de la Defensa ¿Por qué sucede esto? Veamos
La CIDH ordenó llevar a cabo las investigaciones y procesos penales con el fin de identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de ambas muertes en 2003, así como ejecutar procedimientos para determinar responsabilidades disciplinarias o administrativas de funcionarios estatales por obstaculizaciones del proceso
La denuncia que países como Colombia, Chile y Argentina preparan contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) puede provocar que Caracas presenta ante el mismo tribunal una contrademanda por supuestos crímenes cometidos en los Estados demandantes, dijo a Efe una fuente diplomática.
El comité de familiares de los denominados presos políticos, junto a familiares de asesinados durante las protestas antigubernamentales registradas de abril a agosto de 2017, se reunieron para relatar los casos de sus parientes en el marco de la cuarta audiencia que realizan de cara a la nueva sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se determinará si hay elementos para que el Estado venezolano sea acusado de delitos de lesa humanidad. La continuación de esta sesión está prevista para este 17 de octubre.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) abre este jueves dos meses de audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo, explicaron a Efe fuentes de la organización, y lo hace a iniciativa de su secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro.El diplomático, una de las voces internacionales más críticas con el gobierno de Nicolás Maduro, sorprendió a los Estados miembros de la OEA en julio con el anuncio de las audiencias y el nombramiento del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012) como su asesor especial para crímenes de lesa humanidad.El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.En las dos primeras audiencias programadas, para este jueves y el viernes, se escucharán los testimonios de representantes de la sociedad civil y de militares exiliados, respectivamente.En representación de la Secretaria General estará Néstor Méndez, adjunto de Almagro, quien se encuentra de viaje de trabajo en México.La "unilateralidad" con la que Almagro dio el paso de organizar estas audiencias ha provocado "inquietud" e incluso "malestar" entre los embajadores en la OEA, que se quejan de que, "una vez más", no se les consultó antes, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas de varias misiones.Además de la "sorpresa", los embajadores -incluso los de países muy críticos con Maduro- cuestionan que la OEA sea el foro adecuado para analizar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.Algunos apuntan a que, en cualquier caso, debería ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano autónomo de la OEA- la que se ocupe de este tema, mientras que otros creen que buscar crímenes de lesa humanidad es "quizás forzarlo demasiado", según varias fuentes diplomáticas consultadas por Efe.La misión de Venezuela en la OEA denunció la iniciativa el martes ante el Consejo Permanente y en una nota a los medios de comunicación, al considerar que es "una actividad de propaganda con fondos desconocidos para agredir a un Estado miembro".La legación quiere saber quién financiará los gastos que acarreen las audiencias, por ejemplo el pago de traductores, además de con qué fondos viajarán a Washington los venezolanos que denunciarán al Gobierno en la organización.Fuentes de la OEA explicaron a Efe que no se usarán fondos de la organización -que aportan los Estados miembros- para las audiencias, sino que se emplearán "fondos externos y voluntarios", sin precisar más al respecto.Las sesiones se celebrarán en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se dispondrán cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los representantes de los Estados miembros.A la misión de Venezuela se le ha enviado la misma invitación que al resto de delegaciones, según explicaron a Efe fuentes de esa legación.Es decir, se les ha convocado a escuchar las audiencias pero no a participar o defenderse de las acusaciones.En cualquier caso, los representantes venezolanos no acudirán porque no quieren "validar" algo que consideran "ilegal", indicaron.Las siguientes sesiones no están aún programadas, pero antes del 30 de octubre un panel de expertos, que aún no está configurado, analizará la información obtenida, indicaron a Efe fuentes de la OEA.Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hacen alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma.Si lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera "comunicación" (algo que puede presentar cualquier persona o institución), sino de una "referencia" (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).Con una "referencia", la Fiscalía de CPI debe abrir, automáticamente, un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes de La Haya.No hay precedente de que un Estado haya presentado una "referencia" contra otro en la CPI, precisaron las mismas fuentes. ]]>
