Argentina recibió la denuncia de víctimas mediante la Fundación Clooney, que recogió el testimonio de varias personas. Para avanzar, el fiscal judicial de este país pidió que se envíen exhortos a Venezuela, el apoyo de autoridades locales y la ONU
La justicia federal de Argentina abrió una investigación por la violación de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas que reprimieron en 2014, informó este miércoles 12 de julio Infobae.
De acuerdo con este medio, el caso lo abrió el fiscal federal Carlos Stornelli luego de haber recibido una denuncia el pasado junio por la Fundación George Clooney en los tribunales de Comodoro Py, ubicados en la capital de este país.
La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, afirmaba lo siguiente: «Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal».
Además mostraba evidencia de la responsabilidad de los funcionarios en la «comisión de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición».
Argentina puede investigar estas denuncias porque se trata de un caso de «justicia universal», lo que se traduce en que este país puede enjuiciar ciertos crímenes a pesar de que no se hayan cometido en su territorio y que el autor o víctima tenga otra nacionalidad.
Esto significa también que varios venezolanos han denunciado las situaciones por las que pasaron durante las protestas y buscan justicia desde el suelo argentino. ¿Es posible conseguirla? La Fundación Clooney, que lleva los casos venezolanos, señala que sí debido a que Argentina cuenta con una «sólida línea de precedentes».
Para avanzar, Infobae asegura que el fiscal argentino solicitó «que se envíen exhortos a Venezuela y requirió la colaboración de jueces y fiscales locales. Además, solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU remita copias certificadas de una serie de informes».
Los datos preliminares señalan que los funcionarios de la GNB cometieron un ataque «generalizado» y «masivo» contra la población civil generando una «multiplicidad de víctimas». Esta investigación se sumará la que mantiene abierta la Corte Penal Internacional.
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