Venezuela

Familiares de presos políticos arman expedientes contra el gobierno

El comité de familiares de los denominados presos políticos, junto a familiares de asesinados durante las protestas antigubernamentales registradas de abril a agosto de 2017, se reunieron para relatar los casos de sus parientes en el marco de la cuarta audiencia que realizan de cara a la nueva sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se determinará si hay elementos para que el Estado venezolano sea acusado de delitos de lesa humanidad. La continuación de esta sesión está prevista para este 17 de octubre.

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Foto: Captura | Texto: Gabriela González

En esta oportunidad, entre los familiares presentes estuvieron Jackeline Sandoval, esposa del comisario Rolando Guevara; María Fernanda Escalona, hermana de Steicy Escalona y Luisa Castillo, hermana de Miguel Castillo.

Los sospechosos sin pruebas

Los hermanos Rolando y Otoniel Guevara son -después de los Policías Metropolitanos- los presos políticos con más años en esta Venezuela «revolucionaria».

Los hermanos Guevara  (y su primo Juan) estuvieron relacionados a la antigua Policía Técnica Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc).

Rolando era comisario. Su hermano Otoniel fue primer comandante de la policía de Aragua y secretario general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y Juan también perteneció a la PTJ pero se retiró siendo inspector.

Los tres fueron involucrados en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrida el 18 de noviembre de 2004.

Fueron detenidos el 20 de noviembre. Jackeline Sandoval aseguró que hubo una desaparición forzosa pues no aparecieron sino tres días después con signos de tortura.

De hecho, el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los hermanos fueron condenados a 27 años y Juan, el primo, a 30.

Sandoval señala que, aunque han introducido recursos para penas alternativas, estos no han sido respondidos. «Tenemos seis meses esperando respuesta al último recurso», dice.

Ella, quien fue despedida ese mismo año del Ministerio Público -comandando por el hoy vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Isaias Rodriguez- aseguró que en el caso hubo además violación al debido proceso y fraude procesal ya que intervinieron hasta cinco fiscalías. Incluso, asoma que la Fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz estaba al tanto de esta irregularidad.

Un expediente con más de 20 tomos de los cuales ellos, como defensa y familiares no han tenido acceso a más de la mitad.

Sandoval denuncia que la salud de su esposo se ha deteriorado.

«Se le practicó hace unos años un cateterismo y. O se ha determinado si necesita ser operado del corazón», denuncia.

Sueños truncados

Miguel Castillo cumple este 10 de octubre, cinco meses de haber sido asesinado durante una protesta en la avenida principal de Las Mercedes.

Cayó cerca del Centro Venezolano Americano  (CVA) y ya sin signos vitales, fue llevado a la Policlínica Las Mercedes. Una bala de plomo se le alojó en el corazón, según recuerda Luisa, su hermana mayor.

Los médicos informaron que no había nada que hacer pero que Miguel no sufrió.

Luisa rememoró cómo era su hermano, cómo era la sonrisa del menor de los Castillo, que se acababa de graduar de Comunicación Social.

Dijo también que era muy «activo en las protestas. Protestas pacíficas porque no estaba de acuerdo con este gobierno», asegúró.

Sin embargo, Luisa Castillo  dijo con lágrimas en los ojos que «aún está todo muy reciente. Apenas han pasado cinco meses» y agregó que, a pesar de que se generen protestas pacíficas, «el gobierno ha coartado todas las libertades al punto de que, te asesinan si sales a manifestar». En ese sentido, exigió justicia.

«No tenemos respuesta ni un nombre. Sabemos que es un Guardia Nacional porque hay vídeos. No es justo que este libre luego de haberle quitado la vida a mi hermano», reclamó.

Mal lugar, mal país

Steicy Escalona tenía ocho años en Suiza. Venía todos los diciembre a pasar Navidad con su familia. Este diciembre de 2016 le cambiaría la vida.

El 11 de enero de 2017, a un día de regresarse a Suiza, venía en carretera con el diputado Gilber Caro. Fueron interceptados y detenidos, acusados de tener explosivo C4 en el carro. Incluso, debajo del asiento de ella.

Tras ser detenidos, fueron privados de libertad y acusados por un tribunal militar. Dos civiles, uno de ellos, diputado.

La hermana de Steicy, María Fernanda, dijo recordar ese día «como si fuera ayer».

Calificó a la novia de Caro como «la primera presa de la diáspora venezolana» y recordó lo que ella siempre le decía:«esto va a pasar».

Sin embargo, Steicy lleva 275 días privada de libertad con once audiencias que no se han materializado porque la juez militar, Mariela Santafe, las suspende. Además, llevan esperando respuesta del gobierno a una carta que las autoridades de Suiza enviaron exigiendo respuestas por el caso.

María Fernanda denunció que la salud de su hermana se deteriora día a día.

Debido a las condiciones de la celda y el estrés que sufre, Steicy padece de un hongo en todo el cuerpo así como de ronchas en su piel. María Fernanda asegura que «aunque este gobierno nos quiere doblegar, no lo lograrán. Mi voz es su voz «.

Todos estos testimonios están incluidos en los expedientes que fueron consignados por distintas organizaciones de derechos humanos para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro.

Según el Foro Penal Venezolano, hasta este 10 de octubre se registran 439 presos políticos.

En dos meses se han liberado a 270 personas, aunque durante las protestas antigubernamentales se llegó a contabilizar 676  presos políticos, la cifra más alta que haya conocido esta ONG.

Sin embargo, denunciaron que persiste el efecto de «puerta giratoria» bajo el cual, mientras unos presos salen, otros entran.

En cuanto a los asesinatos, manejan la cifra de 138 personas.

A votar

Lilian Tintori, en nombre de los familiares de presos y asesinados, hizo un llamado a votar este 15 de octubre.

Dejó claro que, como activistas de derechos humanos, no representan a un partido político y por tanto, lo que defienden es el derecho al sufragio.

Luisa Castillo sostuvo que si su hermano estuviese vivo, «estaría muy molesto con los políticos, pero iría a votar porque creía en el voto».

Rechazó la utilización del nombre de su hermano en graffitis que llamen a la abstención porque «el jamás lo hubiese hecho».

Este llamado se une al que hicieron varios presos políticos en el Sebin, a través de una carta, pidiendo a los venezolanos salir este próximo domingo.

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