La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó este jueves un aviso en el que alertan a los operadores del sector sobre la obligación de cumplir el establecimiento y publicación del Precio de Venta Justo en cada uno de los bienes y servicios que presten, en consonancia con la providencia administrativa 57, dictada por la Superintendencia de Precios Justos el 24 de noviembre de 2014.
La multinacional con sede en Cincinnati, cumpliendo con la Providencia Administrativa N° 057/2014 de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), hizo público el listado.
El superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andrés Eloy Méndez, aseguró que "en las próximas horas" se hará pública la providencia que establecerá el porcentaje de ganancias a cada sector de la economía nacional.
A finales del mes de febrero, la Superintendencia de Precios Justos hará visitas a comercios y establecimientos para verificar el correcto uso de la nomenclatura del Precio de Venta Justo (PVJusto).
Por tercera vez, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) prorrogó por 30 días la obligatoriedad de marcar con el Precio de Venta Justo (PVJusto)
La Superintendencia Nacional de Precios extendió el plazo para que los productos exhiban el precio de venta justo, tras considerar las dudas que existían sobre la Providencia del 18 de noviembre y que la entrada en vigencia de la norma coincidía con la época decembrina.
Fabricantes e industriales cuentan con 30 días, contados desde este 28 de noviembre, para ajustarse a la norma del Precio Máximo de Venta al Público (PVJusto) y marcar el precio en los productos, en tanto que los importadores tendrán 45 días. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó este viernes en rueda de prensa que a los importadores se les amplía el plazo para atender todo el proceso de logística de aduanas.
Por segunda vez fue prorrogada la obligatoriedad de marcar con el Precio de Venta Justo (PVJusto) los bienes y servicios comercializados en el país. La norma comenzará a aplicarse en el año 2015.