La última semana de marzo de 2017, Venezuela fue sacudida por dos sentencias del Supremo contra el Parlamento de mayoría opositora que dieron paso a una ola de protestas que acabó con más de 120 muertos y la condena de buena parte del mundo a la "dictadura" de Nicolás Maduro.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que dentro del Tribunal Supremo de Justicia "circula una decisión" para poder restarle "titularidad" de la acción penal al Ministerio Público. Ante esto, aseguró que sería "otro retroceso en los Derechos Humanos" y que además produce "un alto costo político" al Ejecutivo.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó este sábado suspender los efectos de las sesiones de la Asamblea Nacional de abril y mayo.
El Contralor de la República exhortó a la Asamblea Nacional a "reflexionar" sobre las implicaciones para la vida política del país el "desacatar" las sentencias emanadas del TSJ.
No es cierto que la ley da para todo, que los abogados siempre puedan conseguirle la vuelta a un texto legal y que por ende, el Gobierno pueda estirar la norma indefinidamente para enredar a la Asamblea Nacional en una madeja leguleya, un nudo gordiano que la inmovilice y termine por anular la voluntad popular que dicha Asamblea representa. La realidad es que, al alejarse de la norma constitucional, el tinglado legal del Gobierno pierde toda consistencia interna y los actos “de jure” pasan a ser simples actos “de facto”. El problemilla es que, con el cambio en la correlación de fuerzas políticas, se diluye el precedente legal y lo que hoy luce con algún piso jurídico mañana amanece en el aire.