La última pretensión de Guyana ha sido cerrar la única salida de Venezuela al Océano Atlántico, al impedir, no solo la proyección marítima venezolana del territorio Esequibo -que está en disputa- sino también la Plataforma Deltana, de plena soberanía nacional.
El Departamento de Administración Marítima de Guyana informó que entre el 6 de diciembre y el 31 del mismo mes, se hará una campaña de prospección sísmica sobre el bloque Stabroek, aproximadamente una superficie de 12.000 kilómetros que una vez más se realiza en aguas aún por delimitar y objeto de una controversia territorial.
Sin ningún tipo de negociación y amparándose en el apoyo de las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos, China y Canadá por nombrar unos pocos, sino cerrarle el paso a las embarcaciones que se dirigen al Atlántico ante la mirada impávida del gobierno de Nicolás Maduro. Su Ejecutivo reduce el litigio y la pretensión territorial guyanesa a un simple slogan bonito “El sol de Venezuela nace por el Esequibo”.
A pesar de la importante pérdida de recursos, minerales y el despojo que implica para Venezuela, durante la “revolución” no ha habido y no se hay intención de salvaguardar y proteger la soberanía y la integridad territorial venezolana. Temen más perder un precario intercambio comercial y el apoyo de las pequeñas islas del Caribe y Caricom.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, internacionalista y académico de la Universidad Central de Venezuela contestó unas preguntas sobre el tema.
La Fachada Atlántica Venezolana es la parte de las áreas marinas y submarinas donde el territorio venezolano se proyecta hacia el Océano Atlántico, la cual no está definitivamente conformada, por estar pendiente la solución de la controversia del Esequibo y la delimitación con Grenada, además de ser posible una expansión de la Plataforma Deltana desde 200 a 350 millas náuticas.
La Fachada Atlántica se compone de tres secciones geográficas:
– Sector (a) Golfo de Paria
– Sector (b) Plataforma del Delta del Orinoco (aproximadamente 90.300 kilómetros cuadrados)
– Sector (c) Áreas marinas y submarinas que corresponden al Esequibo (aproximadamente 214 mil kilómetros cuadrados), las cuales deben delimitarse con Guyana una vez que se resuelva la controversia terrestre como lo dispone el Derecho Internacional Público. Es decir, es otra controversia territorial.
La zona tiene gran potencial de pesca, así como cuantiosos recursos de petróleo y gas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que entre la Plataforma Deltana, las áreas marinas y submarinas que corresponden al Esequibo, y las áreas marinas y submarinas de Guyana y Surinam, pueden existir recursos prospectivos por el orden de 13,6 y 15,2 millardos de barriles de crudo liviano, y entre 32 y 42 billones de pies cúbicos de gas natural.
Los recursos ya señalados son críticos para las próximas generaciones: crudo liviano para la dilución del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco o para la producción de derivados en nuestras refinerías; o gas natural la generación eléctrica y el transporte; por no hablar de la pesca para consumo y exportación.
Por otra parte, debemos tomar en cuenta el valor geoestratégico que representa la consolidación de nuestra salida al Atlántico como la única salida libre a Alta Mar que tenemos (el resto a través de estrechos bajo jurisdicción de otros países), así como su valor ecológico, y su importancia histórica.
La primera noticia de la existencia de esta “Tierra de Gracia” en Europa, se debe al tercer viaje realizado por Cristóbal Colón en 1498. Es decir, hace 520 años, Colón llegó a las costas del hoy estado Sucre atravesando nuestra Fachada Atlántica.
Esta masa de agua es esencial para nuestra historia e identidad nacional, una prolongación de nuestro padre río Orinoco, columna vertebral de nuestro territorio, la cual pretende ser puesta en cuestión por Guyana.
Esto último lo decimos, porque Guyana no sólo pretende que el nulo e írrito Laudo Arbitral de París de 1899 sea confirmado por la Corte Internacional de Justicia -cuya jurisdicción Venezuela no reconoce-, sino que a partir de allí pretende extender sus áreas marinas y submarinas en dirección hacia el Norte, cortando incluso la proyección de la Plataforma Deltana y nuestra salida al Atlántico, una meta claramente inamistosa hacia Venezuela.
Dicha pretensión guyanesa fue formalizada ante la ONU por su entonces Canciller Carolyn Rodrígues Birkett en agosto de 2011, y se convirtió en ambición desenfrenada en 2015 cuando ExxonMobil halló petróleo en el gigantesco bloque Stabroek de 26.800 kilómetros cuadrados. Este bloque se extiende desde las áreas marinas y submarinas que corresponde a Guyana, hasta las del Esequibo. Incluso invade en forma hostil nuestra Plataforma Deltana.
Por ello, se presentó el incidente con el buque de exploración petrolera Teknik Perdana cuando intentaba realizar labores en la sección del bloque que corresponde a nuestra Plataforma Deltana en 2013.
La Fachada Atlántica no está perdida. Sin embargo, debemos defenderla en forma contundente. La Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional ha estado discutiendo un proyecto de Ley sobre la Fachada Atlántica.
Guyana debe entender que ninguna solución al respecto es sostenible sin pasar por una negociación con Venezuela. Asimismo, ExxonMobil y otras empresas petroleras saben bien que las concesiones petroleras otorgadas por Guyana no gozarán de seguridad jurídica hasta tanto no se resuelva en forma práctica y mutuamente satisfactoria la controversia terrestre, y luego se aborde la delimitación marítima.
Así, lo dispone el Derecho Internacional Público; sólo se puede delimitar el mar cuando se tienen claros los límites terrestres. La frase “la tierra domina el mar” expresa un principio fundamental en el Derecho del Mar.
En todo caso, debe enviarse un mensaje bien claro a Guyana y el resto de los vecinos: nuestra salida al Océano Atlántico es innegociable.
Aprobar una Ley sobre la Plataforma del Delta del Orinoco que incluya su extensión a 350 millas náuticas, e instruir a la Armada Nacional a extender su patrullaje es parte de lo que puede hacerse para enviar nuestro mensaje alto y claro.
Aunado a esto, el gobierno debe salir de su política reactiva y errática respecto a la controversia del Esequibo. No basta sencillamente con no comparecer a la Corte Internacional de Justicia y apegarse formalmente a la posición histórica de nuestro país. Es necesario un gran diálogo nacional y publicar un Libro Blanco que recoja nuestra posición y el valor de nuestros derechos. Explicar la controversia a terceros países y organizaciones, procurando obtener apoyos.
La Asamblea Nacional ya ha incorporado el tema a su labor de diplomacia parlamentaria. En este sentido, ha mostrado mayor compromiso con la defensa de nuestros intereses nacionales que el propio Ejecutivo que es el que tiene la competencia de dirigir las relaciones exteriores de la República según la Constitución.
Lamentablemente no es así. El gobierno se muestra más centrado y comprometido con su diplomacia de sobrevivencia. Es decir, buscando cualquier resquicio, apoyo y ayuda para mantenerse en el poder, sin importarle mucho la integridad territorial. Además, ¿cómo defender los intereses sobre el Esequibo si en todo el Sur de Venezuela tenemos presencia de grupos terroristas y mafias? Se requiere una política exterior seria, que realmente defienda nuestros intereses nacionales en materia de integridad territorial y más allá.
El gobierno sólo se acuerda del Esequibo cuando Guyana avanza. Estamos actualmente ante una situación delicada. Ya la Corte Internacional de Justicia está escuchando a las Partes para decidir si tiene o no competencia para conocer la demanda presentada por Guyana.
Es sabido que el gobierno decidió no comparecer (le tocaría depositar la Contramemoria el próximo 18 de abril de 2019), es decir, no participar en el proceso contencioso, de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de la Corte. Esto no significa, que la Corte decidirá a favor del demandante, aunque Guyana así lo solicitó. La Corte Internacional de Justicia, antes de abordar el fondo de la demanda, debe determinar si es competente para conocer el caso y si la demanda es admisible.
El gobierno podría hacer llegar por distintas vías, externas al proceso, nuestros argumentos, sin que ello signifique su participación en el mismo ni tampoco reconocimiento de competencia de la Corte por actos concluyentes (forum prorrogatum). Esta ha sido la práctica en varios casos en los que los demandados ausentes (Islandia, India y Francia) enviaron sus argumentos mediante notas y otras comunicaciones que no se insertan en el proceso, ni como actuación de sus agentes, que no se designan en estos casos, ni como documentos formales equiparables a una Contramemoria. ¡A esto nos referimos con la necesidad de hacer un Libro Blanco!
Empero, el gobierno ha optado por la inacción y el secretismo. No ha informado al país qué piensa hacer (salvo que no va a comparecer). Tampoco ha dicho quiénes son los encargados de llevar un tema de tanta importancia, si tienen la formación adecuada para hacerlo o si ha contratado asistencia legal externa complementaria.
En cualquier caso, si la demanda guyanesa resulta rechazada, como tendrá que serlo ya que la Corte Internacional de Justicia no tiene cómo fundar su competencia (por no hablar de los problemas de admisibilidad de la demanda); la controversia del Esequibo deberá regresar a manos del Secretario General de la ONU quien fue uno de los causantes de toda este entuerto.
El Secretario General de la ONU ha reconocido que Venezuela se encuentra en medio de una aguda crisis humanitaria. También sabe de sobra que tiene un gobierno sin legitimidad de ejercicio, que va ser desconocido en su legitimidad de origen por todos los países democráticos después del 10 de enero de 2019, los cuales no reconocieron el evento electoral del 20 de mayo. Entonces, resultó incoherente pretender resolver la controversia en forma expedita, primero con un año de buenos oficios con mandato reforzado de mediación y luego seleccionando la Corte Internacional de Justicia.
Por otra parte, el Secretario General de la ONU también sabe que Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de dicha Corte ni tampoco puede interpretarse como pretende Guyana que el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966 supone una cláusula jurisdiccional. Esto último queda demostrado cuando observamos que el Acuerdo de Ginebra no figura en el Registro de la Corte. Nunca fue la intención de las Partes recurrir ante la misma para resolver la controversia.
Cuando la Corte Internacional de Justicia termine señalando que carece de competencia ya hacia 2020, el Secretario General de la ONU deberá ayudar a seleccionar a Venezuela y Guyana otro medio de solución pacífica de controversias que resulte adecuado. Esto de conformidad con el espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra y la Carta de la ONU. Empero, urge desde ya una política exterior más asertiva y nacionalista, que realmente esté al servicio de los venezolanos, y no de una camarilla gobernante. Un próximo gobierno de unidad nacional tendrá que asumir este reto.
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