Provea: Policías y militares asesinaron a 2.853 personas en 2020

Los más letales: las FAES. El peor mes: mayo, en plena cuarentena. Las víctimas: en su mayoría hombres menores de 30 años. La actuación del Ministerio Público: solo investiga lo que les duele a altos funcionarios. El resumen: son ejecuciones extrajudiciales alentadas desde el gobierno y con garantía de impunidad

Provea: Policías y militares asesinaron a 2.853 personas en 2020

Provea, una de las ONG por los Derechos Humanos más importantes de Venezuela, presentó su informe sobre violencia policial y militar en 2020. Las conclusiones son espantosas. Las fuerzas de seguridad mataron a 2.853 personas en solo un año, convirtiéndose en el virus más letal del país.

En este entorno de funcionarios brutales, los peores fueron los de la FAES, cuerpo policial que obedece directamente órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. Y el estado más enlutado Zulia, al occidente del país, donde asesinaron a 667 personas.

Para Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), estos crímenes son «graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad» y enfatizan la crisis humanitaria que vive Venezuela. El informe Lupa por la Vida se hizo con colaboración del Centro de Investigación Gumilla, dirigido por sacerdotes jesuitas.

Como se ha establecido en los últimos años y por diversos organismos, como las Naciones Unidas, la gran mayoría de las víctimas son hombres menores de 30 años de sectores de bajos ingresos. Para Provea, esto indica «un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes».

«Ni el supuesto confinamiento ‘obligado’ debido a la cuarentena (…) frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares», advierten.

Un estado que alienta los crímenes

¿Cómo pueden policías y militares matar literalmente a miles de personas sin que nada los detenga? Según concluyen los investigadores de Provea y Gumilla, porque saben que nadie los castigará. Los abusos, afirman también, lo alientan ministros y gobernadores, entre otros funcionarios. La Fiscalía General de la República no investiga.

«La política de Estado combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista (chavista). Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública».

Agregan que «en los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación».

Para Provea, la razón de todo es que «el gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos».

provea

Al final, el «enemigo interno» del gobierno es el propio ciudadano, cualquier ciudadano.

Estados y meses más letales

Además de Zulia, donde se cometieron más de la quinta parte de estos asesinato (23,3 %), los estados con mayor brutalidad policial y militar fueron, según el informe de Provea, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.

De esta manera murieron 667 personas en Zulia, 297 en Aragua, 269 en Bolívar y 193 en Lara. A la gran mayoría les imputaron la manida excusa de «enfrentamiento», que son investigados en muy pocos casos y que, en su mayoría, familiares y testigos desmienten.

Mayo fue el mes más letal en las actuaciones policiales y militares. Apunta Provea que «379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública era mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se detuvieron».

Entre marzo y junio, que fueron los meses con cuarentena más férrea, «los policías y militares asesinaron a 1.091 personas».

Los más asesinos

Los que más mataron fueron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Este es un cuerpo élite pertenece a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En solo seis meses, la PNB fue responsable de 672 asesinatos. También hay que apuntar que el FAES actúa en menos estados de país que otros cuerpos de seguridad y, aun así, son los que más matan.

FAES la vega

En segundo lugar está el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos. Las policías estadales (varios cuerpos policiales) fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones. Entre ellos los peores fueron los de Zulia con 262 asesinatos. Luego Aragua con 104 y Carabobo con 101 muertes.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), especialmente la Guardia Nacional, fue responsable de 359 casos. «Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana», escriben los investigadores.

A las policías municipales atribuyen 134 presuntas ejecuciones. «Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes», apuntan.

Masacre por goteo

Con la ruda frase de «masacre por goteo», Provea y Gumilla retrataron la realidad que se vive en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares», expresaron.

La mayoría de estos asesinatos cumplen con los parámetros internacionales de las ejecuciones extrajudiciales.

FAES

Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales porque el funcionario, violentando el proceso de un juicio legal, resuelve ejecutar a la persona.

«Casi siempre se maneja la versión de ‘presunto enfrentamiento’ y en consecuencia el Ministerio Público no actúa con las investigaciones que debería, violando recurrentemente el debido proceso», acusan los activistas.

En sus investigaciones dicen constatar el manejo de «falsos enfrentamientos». La fórmula es la misma: un montaje de la escena del crimen para afirmar que las víctimas usaron armas contra policías y militares. La realidad es que «en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas«.

«Los datos recabados reflejan que constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida. Supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte», resumen.

Investigan solo si les duele

En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación. Es decir, solo averiguan si el muerto le duele a alguna de las autoridades del alto gobierno.

«En Venezuela la mayoría de la población no cuenta con padrinazgo político. Y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales».

Certifican estas averiguaciones por conveniencia con dos casos, uno ocurrido en Zulia y otro en Caracas.

El ocurrido en la capital es muy revelador sobre la discrecionalidad de las averiguaciones.

En la madrugada (una de las horas favoritas para actuar) del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas. Las víctimas fueron Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez.

Esta última víctima, Wilmer Yánez, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. Apenas 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos.

Esa celeridad no se ve en la mayoría de los asesinatos. Parece estar claro que no es que no puedan resolverlos. Es que no quieren.

El segundo caso ocurrió el 21 de agosto de 2020 en Zulia. Funcionarios de las FAES asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y a Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV. El caso es que tanto ese medio como las víctimas eran afectos al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el Ministerio Público actuó rápido. Cuatro días después fueron detenidos los seis funcionarios implicados.

«En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial», dice Provea. Y agrega: «Aunque fueron víctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia, lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de poder y hace de la justicia un ejercicio discrecional«.

El punto es que, aunque se investiga y se hace justicia, nadie está exento de una brutalidad policial y militar que se fomenta desde el gobierno.

Un triste caso

En cambio, hay ejecuciones extrajudiciales muy tristes que quedan en el olvido del Ministerio Público. Uno de ellos ocurrió en el estado Carabobo.

Daniel Alexander López Ramírez, de 28 años, era un médico integral comunitario. Dirigía el ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara. Los ambulatorios son los centros de asistencia médica a donde asisten personas de bajos recursos que viven en las cercanías.

Durante un operativo realizado por varias fuerzas de seguridad, Daniel Alexander fue asesinado.

Según la versión oficial, Daniel era «miembro de una agrupación delictiva» y «habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes».

La información fue desmentida por los familiares de López quienes indicaron que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.

En una próxima entrega, Provea analizará la situación de los dos primeros meses de 2021, «en los cuales las proyecciones indican que el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales se ha mantenido en todo el país».

Uzcátegui: "Todo el mundo en la MUD sabe que yo gané esas encuestas"

La disputa por la candidatura a la gobernación de Miranda luce cada vez más frontal y la Mesa de la Unidad se toma su tiempo para zanjar el asunto. David Uzcátegui señala a Carlos Ocariz de mentir sobre las encuestas y ha insistido en medirse en unas primarias. Tampoco está claro el panorama con los alcaldes mirandinos, aunque el aspirante de Fuerza Vecinal confía en que se respeten los liderazgos porque de lo contrario el chavismo se impondrá nuevamente

Michel Cofrades, el valor de abandonar el profesionalismo a tiempo

Michel Cofrades trabaja en un equipo de la Cuarta División de la estructura liguera de la USSoccer, el Miami Sun. Su sueño pasó de estar en el campo como jugador, a ser el mejor entrenador de guardametas posible: “Mi carrera realmente no era deslumbrante como arquero, así que pude retirarme y dedicarme a la formación que es algo que me apasiona y sigo ligado al fútbol"