Las circunscripciones electorales en general son delimitadas por las autoridades de cada estado, por lo que pueden tentarse a marcar una frontera en función de las oportunidades de adquirir un asiento adicional para su partido en el Congreso.
En una decena de estados, como en el caso de Arizona (suroeste), los electores pusieron en marcha una comisión independiente encargada de marcar las circunscripciones electorales.
Pero la legislatura del estado republicano recurrió a la Corte Suprema porque estima que los electores no pueden privar a los legisladores de dibujar los mapas electorales.
Por cinco votos contra cuatro, los jueces de la Corte Suprema dieron la razón a la comisión independiente.
La ministra de Justicia, Loretta Lynch, felicitó que la Corte Suprema valide también «el derecho de los electores que quieren ver las circunscripciones electorales definidas de manera más justa, independiente».