El Consejo de Ética de la Cámara Baja de Brasil aprobó hoy por una ajustada mayoría proseguir el proceso que le puede costar el cargo al presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, implicado en casos de corrupción en la estatal Petrobras.
Pese a la férrea oposición de diputados afines a Cunha, que desde hace cinco meses obstaculizan el proceso, el Consejo decidió que las sospechas son «contundentes» y justifican la apertura de un proceso en el que puede ser despojado del cargo de presidente de la Cámara Baja e incluso perder su mandato.
La decisión se adoptó hoy por una ajustada diferencia de 11 votos a favor y 10 en contra.
El diputado Marcos Rogerio, instructor del proceso, presentó un informe en el que se pronunció por admitir las denuncias que acusan a Cunha de recibir unos cinco millones de dólares de la vasta red de corrupción que operó en la petrolera estatal.
También explicó que, en su comparecencia ante una comisión del Congreso en octubre pasado, Cunha negó tener cuentas cifradas en bancos suizos, lo cual fue desmentido por la justicia del país helvético, que remitió a Brasil unos documentos que prueban la existencia de esos depósitos.
El proceso contra Cunha comenzó en el Consejo de Ética el pasado octubre, pero desde entonces el presidente de la Cámara Baja se ha valido de diversas maniobras para postergarlo una y otra vez.
Cunha, del oficialista Partido del Movimiento Democrático (PMDB), al que pertenece el vicepresidente del país, Michel Temer, es desde el año pasado un activo y férreo opositor al Gobierno de Dilma Rousseff, que esa formación integra.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición por unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.
Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos «errores de procedimiento».
Tras esa decisión, la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, pero la corte aún no se ha pronunciado, lo cual todavía mantiene paralizado el proceso contra Rousseff.
Por su parte, el fiscal general aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto como parte de una campaña en su contra
Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre, Raúl, con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España». Esto es lo que se sabe del caso
El fiscal general venezolano hizo las acusaciones durante una entrevista concedida a Globovisión. Además de calificarlos como voceros de la CIA, les reclamó que se "entrometieran" en asuntos internos de Venezuela
