Abimelec Morales, coordinador de los peritos de la Comisión científica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que participa con la fiscalía en la exhumación iniciada el lunes, informó que han exhumados nueve cuerpos, pero sólo de siete tienen datos que ayudan a su identificación. «El resto no traía ningún dato», dijo.
La fiscalía cavó en marzo de 2014 dos hoyos en un panteón rural del poblado de Tetelcingo donde enterró uno sobre otro 118 cuerpos que tenía en cámaras frigoríficas de distintas regiones de Morelos, vecino de Ciudad de México y golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico.
Dos cuerpos ya habían sido desenterrados meses atrás, uno plenamente identificado desde un principio en la morgue por sus familiares pero se les negó la entrega del cuerpo. El segundo se presume también habría sido reconocido pero no se ha brindado información oficial.
La fiscalía reconoce que sólo tiene registros de identificación de 88 cadáveres no reclamados y que los restantes decidió enterrarlos por razones de «sanidad», lo que ha despertado esperanzas entre familiares de desaparecidos pero también indignación por el poco cuidado en el manejo de cuerpos.
A la exhumación asisten desde distintos puntos del país familiares de desaparecidos, que se estiman en más de 20.000 en México derivado de la creciente ola de violencia ligada al tráfico de drogas desde 2006, cuando se lanzó un operativo militar antidrogas.
A los cadáveres sin elementos para identificar se les tomarán muestras ontológicas y maxilares para cotejarlos con bases de datos genéticos de familiares de desaparecidos.
«La manera de enviarlos (a la fosa común) si deja mucho que desear; el material (con el que fueron envueltos los cadáveres) no es una bolsa para cadáver» y «estaba contaminada y alterada porque se hallaron trajes (de criminalistas) y cubre bocas», denunció Morales.
La fiscalía de Morelos, uno de los estados con más altos índices de secuestros en México, ha dicho que la exhumación durará aproximadamente una semana.
Los cuerpos serán trasladados a otro panteón de Telecingo, donde el gobierno construyó 25 bóvedas de cemento, con diez planchas en su interior de cada una, para depositar a 250 cadáveres plenamente registrados para su eventual reclamo.