Venezuela está al borde del abismo y gobierno cierra las salidas, dice ONG

“E l CNE ha aplicado condiciones que no están en la Constitución, ni en sus propias resoluciones precedentes. La consecuencia de esta obstrucción es que la posibilidad de una solución potencialmente pacífica, electoral a la crisis, prevista en la Constitución promovida por Hugo Chávez, ha sido puesta en peligro”, concluye un informe divulgado este jueves en Caracas y Bruselas.

«The International Crisis Group» se define como una organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro, comprometida en la prevención y resolución de conflictos terminales. Fundada hace 31 años por diplomáticos, dice ser reconocida como una fuente líder de información, análisis y asesoría política en su área. Tiene operaciones en Abuja, Bangkok, Pekín, Beirut, Bogotá, Cairo, Dakar, Gaza, Islamabad, Estambul, Jerusalem,  Johannesburgo, Kabul, Londres, México,  Nairobi, Nueva York,  Seúl y Tripoli, entre otras ciudades. 

“Desde hace tiempo es evidente que, sin algún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional”, señala el documento al promover el diálogo y la negociación con el apoyo de instituciones como Unasur y la OEA.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019”, señala sobre el engorroso proceso de un referendo revocatorio.

“Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad”, advierte.

En Venezuela, señala el informe, no hay una guerra “pero miles están muriendo innecesariamente debido a la violencia criminal y el colapso en el sistema de salud. El hambre y la desnutrición se están extendiendo y servicios vitales están quebrados”, señala el documento en inglés tras hacer un recuento de los principales problemas actuales del país.

“En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos”, analiza.

“Sin embargo, el gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como legal y prácticamente nulas. El gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referéndum, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes”, afirma un extracto divulgado en español.

“Al haber rehusado aceptar los términos del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, el gobierno está bloqueando sistemáticamente toda ruta pacífica y democrática”, sostiene.

“La manipulación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral permite frustrar la voluntad del electorado reduciendo la Asamblea Nacional a poco menos que una tienda de conversatorios”.

“En respuesta, la oposición ha concluido que a falta de un giro en las acciones del gobierno de Maduro el único camino es cambiar el gobierno. Mecanismos constitucionales existen, al menos en el papel para permitir a los ciudadanos sufragar sobre estas cuestiones”.

El gobierno y sus partidos políticos en el poder afirman sin embargo que la oposición está planificando un golpe de estado y el presidente Maduro ha suspendido garantías constitucionales para retener el poder. Un poco tarde, la comunidad internacional ahora parece más al tanto de la gravedad de la situación, señala el informe.

Menciona los esfuerzos del papa Francisco con sus discretas presiones para promover el diálogo, y la petición formal el secretario general de la OEA, Luis Almagro para promover la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Maduro.

Así como las iniciativas de la Unasur y su secretario general el ex presidente colombiano Ernesto Samper, así como del ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, todos a favor de un diálogo efectivo, lo que ha configurado un nueva realidad internacional en torno a Venezuela.

EVIDENCIAS DE LA CRISIS

Crisis Group ha recopilado información y evidencias para ilustrar la gravedad de la crisis:

“El conflicto de poderes es tanto más perjudicial cuanto que la crisis económica y social ha empeorado significativamente”.

“El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017.”

“A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes”.

“Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo”.

El gobierno debería

• Declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales;

• Abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; y

• Liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición.

La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían

• Priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas;

• Mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y

• Hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el gobierno.
La comunidad regional debería

• Insistir en que el gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas;

• Examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y

• Apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referéndum revocatorio en 2016.