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Los alcaldes catalanes bajo presión por el referéndum independentista

Dos tercios de los alcaldes catalanes han tomado partido por el referéndum de autodeterminación prohibido por Madrid, mientras que el tercio restante rehúsa cooperar, pero todos coinciden en sentirse "bajo presión"

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Bromeando sobre su eventual arresto o cantando solemnemente el himno catalán, los 700 alcaldes prorreferéndum -principalmente independentistas, tanto de izquierdas como de derechas- parecían estar tranquilos este sábado, en Barcelona.
Recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y por el presidente de la región, el independentista Carles Puigdemont, contaron con el apoyo de una multitud de manifestantes que les gritaba: «estamos con vosotros».
El primer edil de La Maso, un pueblo de Tarragona de 300 habitantes que forma parte de la Asociación de Municipios Independentistas, Josep Solé, de 74 años, afirmó que «duerme perfectamente» pese a que la fiscalía general del Estado haya amenazado con abrir diligencias o con arrestar a los alcaldes que cooperen con la organización del «referéndum ilegal».
«No me manifiesto a favor de la independencia sino a favor del voto», declaró a la AFP. «Hace infinidad de años que los catalanes reclaman más poder, sobre todo en el tema fiscal».
«Muchas ganas de expresarse»

«Pedir una opinión no es nada malo en democracia», argumenta Sara Janer, que a sus 26 años es la alcaldesa más joven de Cataluña, independiente.
En Pontils, un pueblo de 120 habitantes, «me eligieron para escucharlos y si el Gobierno catalán da la oportunidad de expresarse, hay que poner las urnas», afirma. «Los catalanes tienen muchas ganas de expresarse, eso sí que es muy evidente».
Mayoritarios en el Parlamento autonómico desde 2015, los separatistas están determinados a celebrar el referendo.
El Gobierno español, liderado por el conservador Mariano Rajoy, promete impedírselo.
En caso de que gane el sí en una región del tamaño de Bélgica, los independentistas prevén activar la transición hacia «una República catalana».
Sin embargo, los catalanes siguen estando muy divididos: el 49,4% estaría contra la secesión y el 41,06%, a favor, según un sondeo encargado por el Gobierno regional en julio.
Ada Colau expresó claramente «su solidaridad» con los alcaldes prorreferéndum recibidos en el Ayuntamiento de la ciudad condal.
Pero en su ciudad, de 1,6 millones de habitantes -donde los separatistas son minoritarios-, Colau no ha proclamado con ellos «¡viva Cataluña libre!», «¡votaremos!» o «¡independencia!».
«El futuro se construirá con los alcaldes que están aquí y los que no están», aseguró la primera edil de Barcelona, que no se ha implicado directamente pero que está dispuesta a dejar que la gente vote.
El portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió no obstante que «o se está con la ley o se está contra la ley […] No se dejan las llaves y ‘yo no quiero saber nada’. Eso es una actitud de poco fuste».
Insultos en las redes sociales

El Partido Popular de Rajoy, que gobierna en minoría en España tras recabar el 33% de los votos en las elecciones generales de 2016 y solo el 13% en Cataluña, solo cuenta con dos alcaldes en esa región.
Y la principal formación de la oposición a los separatistas en Cataluña, la liberal Ciudadanos, no dirige ninguna localidad.
Así, es en los 122 ayuntamientos gobernados por los socialistas donde se rechaza un referéndum que ven como una amenaza para la unidad de España.
«Sufro de presiones especialmente agresivas, fundamentalmente en las redes sociales. Son decenas de insultos de todo tipo viniendo de cuentas anónimas», asegura a la AFP el alcalde de Lérida (125.000 habitantes), Àngel Ros (Partido Socialista de Cataluña, PSC), mencionando «una situación tensa y preocupante».
Por su parte, el alcalde de Bagá (2.100 habitantes), Nicolás Viso Alamillos (PSC) lamentó los comentarios de la red. «La amenaza más desagradable y condenable estaba en el sitio de un medio de comunicación. Dijeron que iban a quitarme el coche, la casa, y que iban a fusilarme».
Pero «en la calle, no tengo problemas», añade, diciendo que los vecinos se comportan «muy bien».
Para la socialista Eva Martínez, que dirige el ayuntamiento de Vallirana (14.000 habitantes), es «intolerable» la «situación de presión e indefensión jurídica tanto para los electos locales como para los trabajadores municipales».
Una presión que viene, según ella, de «tanto del Govern de la Generalitat como del Gobierno del Estado».
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